El independentismo prepara una reforma del reglamento del Parlament para blindar a diputados condenados

El Parlament se convirtió en una fuente de fricciones permanentes entre partidos independentistas durante la pasada legislatura. Y, uno de los orígenes de estos choques fue cómo pretendían afrontar Esquerra y JxCat cada golpe de la Justicia. Ahora, para evitar caer de nuevo en el enredo, el partido de Carles Puigdemont, que preside el hemiciclo, está tratando de forzar una reforma del reglamento del Parlament para, precisamente, blindar a los diputados condenados.

Y es que en la pasada legislatura se produjeron hasta tres choques contundentes con origen en la Justicia. El primero fue el veto a la investidura telemática de Puigdemont. JxCat defendía que se celebrara el debate en el Parlament, pero Roger Torrent, advertido de las consecuencias judiciales que podría acarrear seguir adelante, decidió abortarlo. El segundo fue la suspensión como diputados de los responsables del “procés” una vez fueron procesados por rebelión, circunstancia que obligó a retirarles el acta en medio de una gran división entre los dos principales partidos. Y, el tercero, fue la supresión de la condición de diputado de Quim Torra tras decidirlo la Junta Electoral Central después de que fuera condenado a una inhabilitación de 18 meses por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En este marco, a finales de 2018, se puso en marcha una ponencia para reformar el reglamento del Parlament que incluyera la posibilidad de una investidura telemático, pero apenas hubo avances. Ahora, JxCat quiere retomar este trabajo en esta nueva legislatura de cara, sobre todo, a los hipotéticos problemas judiciales que pueden estallar con Laura Borràs, presidenta del Parlament. Borràs está encausada por presuntos delitos de corrupción al adjudicar a dedo contratos a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas y podría ser condenada.

JxCat, en este sentido, negocia ya con ERC y la CUP estos cambios y su voluntad sería “blindar” a los diputados que estuvieran procesados o condenados sin sentencia firme, supuestos que permitirían a Borràs continuar al frente del hemiciclo si finalmente es castigada -ahora la causa debería volver al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por tanto, si fuera condenada, tendría opción a recurso ante el Tribunal Supremo, recorrido que le permitiría ganar tiempo-. “La sentencia firme la aceptamos como límite, pero hasta que no la haya, la presunción de inocencia y los derechos de los diputados deben preservarse”, ha recalcado la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, hoy, y ha advertido de que “como mínimo” hay que “mantener la presunción de inocencia”, para no ponerle tan “fácil” al Estado “acabar con la carrera política” de aquellos que le “estorben”.

Los problemas judiciales también afectan a otro miembro de la Mesa del Parlament: el secretario tercero, Pau Juvillà (CUP), que está pendiente de juicio por un presunto delito de desobediencia por no haber descolgado durante la campaña electoral lazos amarillos de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida.

Lo cierto es que esta negociación es necesaria para el bloque independentista ya que este tipo de circunstancias terminaron por entorpecer mucho la pasada legislatura y deterioraron las relaciones entre Esquerra y JxCat. Este punto es, sin duda, uno de los más destacados y sensibles en las negociaciones para la investidura de Pere Aragonès.