Detectan nuevas irregularidades en la gestión del Circuito de Cataluña que favorecen a la Generalitat

La Sindicatura de Cuentas ha denunciado en un informe nuevas irregularidades en la gestión del Circuito de Cataluña, que se suman a los que ya se detectaron en la Intervención General. Todas las instituciones coinciden en algunos puntos, pero en esta ocasión se observan más elementos.

El órgano fiscalizador del sector público denuncia, por ejemplo, que la Generalitat sigue siendo el único accionista que se encarga de cobrar las cuotas generadas por la instalación. Los otros dos socios del Circuito, el RACC y el Ayuntamiento de Montmeló, “van a incumplir de manera continuada este régimen de aportaciones”, que estaba pactado previamente. Además, ha supuesto que la Generalitat se haya hecho cargo de “más aportaciones de capital”.

El 2018, por ejemplo, el Circuit se vio obligado a ampliar capital en 4,5 millones, pero el RACC y el Ayuntamiento de Montmeló “renunciaron expresamente” a participar y la Generalitat se vio obligada a hacerlo a través de la empresa pública Avançsa. Aquel día el RACC tenía un 14% del capital de la empresa y el consistorio un 7%. Al mismo tiempo, el RACC ingresó ese poco más de un millón de euros procedentes de las subvenciones del Circuito a diferentes servicios que le presta, principalmente servicios médicos para las maletas, según el informe.

Otro de los ingresos que el RACC cobra al Circuit son 50.000 euros (12.500 por trimestre) en concepto de “asesoramiento o dirección deportiva”. Según la Sindicatura, “esta colaboración no está formalizada en ningún documento o contrato”. La única referencia que encuentra es en un contrato de 1996 que expiró en 2001. Todo parece indicar, según el informe, que el director deportivo del ente ha seguido prestando el servicio y cobrando todo y no tiene su contrato en vigor.

También ha habido publicidad institucional de los ayuntamientos de Barcelona y Montmeló, la Diputación de Barcelona, la Agencia Catalana de Turismo y el RACC “sin contrato, ni generando ningún ingreso”.

Se donó espacio a “ciertas empresas de telecomunicaciones y telefonía” y se donó la exclusividad de marcas de productos y alimentos sin hacer un concurso que cumpliera los principios de publicidad y concurrencia.

La empresa Circuits de Catalunya, SL no tiene lista de los lugares de trabajo que delimita las necesidades de personal, define las tareas de cada lugar de trabajo y establece las retribuciones y complementos que corresponden a cada uno.

En vista de todo ello, la Sindicatura hace un seguimiento de recomendaciones al equipo gestor del Circuito, que actualmente está presidido por el consejero de Empresa, Ramón Tremosa, tras la marcha precipitada de María Teixidor por desavenencias con el consejo de administración.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha destacado que el 31 de diciembre de 2018 el patrimonio neto de Circuits de Catalunya (CCSL) era el 59,5% del capital social, lo que representa “un desequilibrio patrimonial por acumulación de pérdidas”, tras registrar unas pérdidas acumuladas desde 2014 de 28,6 millones de euros.

Así lo ha señalado en el informe 4/2021 enviado al Parlament y que consiste en una fiscalización de regularidad de las cuentas de la sociedad creada para gestionar el circuito, cuyos accionistas eran la Generalitat de Catalunya, Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya (Avança), el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) y el Ayuntamiento de Montmeló (Barcelona).

El balance de CCSL al cierre de 2018 presentaba un importe total de 58,86 millones de euros y, de acuerdo con la cuenta de pérdidas y ganancias, un resultado del ejercicio negativo de 10,2 millones de euros.

El informe observa que, por lo que se refiere a los ingresos por eventos deportivos, en cuatro de los seis eventos analizados “ha habido limitaciones a la revisión”, ya que no se dispone del detalle de servicios o recursos contratados por los clientes, precios unitarios ni los servicios o recursos que se utilizaron. Por otro lado, destaca que la política tarifaria se recogía en documentos internos que “no estaban formalizados ni debidamente autorizados ni aprobados por el Consejo de Administración”.

Además, ha comprobado que en los contratos que regulaban la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 y del Gran Premio de MotoGP hubo “incumplimiento de determinadas cláusulas” sin tipo de modificación o de formalización entre las partes.

CCSL tampoco facturó ni contabilizó los ingresos y los gastos derivados del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Montmeló, “del cual hay un borrador que no se llegó a formalizar”.