JxCat y ERC
Salario mínimo de 1.239 euros, banca pública, selecciones catalanas...: la letra pequeña del pacto
Entre las grandes medidas destaca una inyección de 5.000 millones en salud y una prueba piloto para la renta de ciudadanía. Sin embargo, hay otras de las que la Generalitat no tiene competencias
El pacto entre JxCat y Esquerra para la investidura de Pere Aragonès y la reedición de un Govern de coalición incorpora importantes novedades en la gestión del día a día, con el foco puesto en la pospandemia y un ojo puesto en el preacuerdo con la CUP. A grandes rasgos, las medidas estrella tienen que ver con el ámbito sanitario y pasan por revertir los recortes de la última década: 5.000 millones adicionales en el presupuesto de salud durante los próximos cinco años, una inversión global de hasta 300 millones de euros en atención primaria y la contratación de 3.700 profesionales para la campaña de vacunación masiva. Sin embargo, hay otras que el pacto contempla e incluye para la próxima legislatura pese a carecer de competencias.
Renta básica
Uno de los titulares es el plan piloto para para “evaluar las posibilidades y los impactos” de la renta básica universal y de trabajo garantizado, aspecto que estaba incluido en el pacto entre los republicanos y la CUP. Según el acuerdo, se crearía una Oficina para el plan piloto de renta básica, que dependería de la Conselleria de Presidencia (ERC), pese a que Derechos Sociales es un departamento que contará con un titular de Junts. El nuevo Govern también reordenará y compactará las prestaciones económicas sociales, incluyendo la Renta Garantizada de Ciudadanía, y exigirá el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, una de las eternas reivindicaciones que ERC trató de arañar de sus acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Teletrabajo o asilo de refugiados: sin competencias
Al margen de estas medidas, el pacto incorpora otras de calado como “avanzar hacia un salario mínimo catalán de 1,239.5 euros” -pese a no tener capacidad para fijar el tope por ley-; exigir al Estado las transferencias corrientes y de gestión de las becas universitarias pendientes, así como el retorno del 100% del IVA de la investigación como marca la normativa europea; o “garantizar el derecho de asilo a los refugiados. Exigir al Estado español el traspaso del sistema de acogida de protección internacional con los recursos correspondientes”. Todos ellos aspectos en los que la Generalitat no tiene competencias y aprovecha para reclamar al Gobierno y así ir ganando terreno.
Además, el nuevo Govern de coalición quiere “regular el teletrabajo” y promover un “pacto social” para “normativizar cuidadosamente el teletrabajo como método de trabajo, con visión de futuro y teniendo en cuenta criterios medioambientales y de conciliación de la vida personal y laboral”. Un aspecto que ya abrió una fuerte polémica en la etapa más dura de la pandemia, cuando el consejero de Trabajo de ERC, Chakir el Homrani, aseguró que era obligatorio y recibió una severa corrección interna: Cataluña no dispone de la cobertura jurídica para obligar a las empresas a implementarlo.
JxCat y ERC recogen además una de las demandas de la CUP, que los republicanos ya incluyeron en su preacuerdo de investidura: avanzar hacia una banca pública propia a través del Institut Català de Finances y fijan como “prioritario” culminar el proceso de solicitud de licencia bancaria.
Comité Olímpico Catalán
En la parcela deportiva, JxCat y ERC buscan de nuevo avanzar e “impulsar todas aquellas iniciativas necesarias para el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas catalanas” y del Comité Olímpico Catalán., una eterna reivindicación del soberanismo ya desde los tiempos de la extinta Convergència, acentuada luego con el “procés”. De hecho, en el pacto el nuevo Govern se compromete a concretar la candidatura Pirineus-Barcelona para acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno a partir de “un amplio consenso territorial, social y político que garantice su gobernanza social y ambiental”.
Pacto Nacional por la Lengua
ERC y Junts abogan por impulsar un Pacte Nacional per la Llengua para proteger, incentivar e incrementar el uso del catalán en todos los sectores. También dar cumplimiento a la Ley del cine catalán con el objetivo de incrementar la cuota de pantalla de productos producidos, doblados o subtitulados en catalán. En concreto, el plan incluye “incentivar e incrementar el uso de la lengua catalana en todos los sectores, especialmente en los de mayor impacto social y comunicativo entre la población joven y donde aún es muy deficitario. Y cita como ejemplos el “etiquetado, la justicia, la producción audiovisual o los videojuegos”.
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