Denuncian que la Generalitat ofrece las pruebas de selectividad sólo en catalán

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha presentado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el que denuncia que el Govern “no ha dado exacto cumplimiento” a la orden del tribunal de ofrecer a cada alumno los exámenes de las PAU en catalán, castellano y aranés.

El escrito pide al tribunal que requiera personalmente a la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, y al secretario general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Josep Ribas, para que tomen “las medidas necesarias para dar cumplimiento” al auto del tribunal durante los días que quedan de selectividad. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunció el que recurrirán la decisión del TSJC.

Según Plaja, el Govern disponía de tres días para presentar dicho recurso, y aseguró que han recordado a todos los estudiantes que tienen el “derecho, como se ha hecho siempre, de hacer los exámenes con la lengua con la que se sienta más cómodos”.

La AEB, también, pide advertirles de un posible delito de desobediencia si no lo hacen, después de que el lunes el TSJC estimó la petición de medidas cautelares de la AEB para anular el párrafo de las instrucciones de las PAU que fijaba “repartir primero los enunciados de examen en catalán y, solo si algún alumno lo pide, darle la versión en castellano”.

Al aceptar las petición de la AEB, los jueces manifestaron que “la elección de la lengua de los enunciados de examen no puede venir determinada por la Administración y, en su lugar, deberán estar disponibles en las tres lenguas cooficiales y se ofrecerá de forma individual al alumno la opción de escogerlos en el idioma oficial que estime”.

Este miércoles, coincidiendo con el segundo día de selectividad, la AEB ha advertido al TSJC de que no consta que el Consell Interuniversitari de Catalunya haya “dictado resolución alguna para adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al auto” del lunes, y reprochan las declaraciones de Geis después de la decisión del tribunal.

En rueda de prensa tras conocerse el auto, la consellera afirmó que la Generalitat reforzaría la comunicación sobre las lenguas en las que se pueden hacer los exámenes: “El procedimiento será el mismo de los últimos años. El estudiantado que quiera hacerlo en castellano está amparado por el derecho, pide el examen en castellano, y lo tendrá”.

Con relación a estas declaraciones, la denuncia de la AEB expone que “de esta comparecencia se han hecho eco los medios de comunicación que interpretaron la nula voluntad de la consellera de adoptar medidas que supusieran un cambio en el formato de entrega de los ejercicios de las PAU”, y citan un tuit en el que Geis afirmó que no es negociable ni interpretable que el catalán es la lengua vehicular de Cataluña.

El escrito expone que en las aulas se han colgado carteles informando de que los exámenes están disponibles en catalán, castellano y aranés, pero que “esta información no se ha dado oralmente” y aseguran que se preguntó a los alumnos si les iba bien recibir el enunciado en catalán o lo querían en castellano.

La AEB tacha de “especialmente grave que a la entrada del examen se pida el consentimiento del alumno para que se le faciliten todas las pruebas no lingüísticas en catalán, lo que implica dar preferencia a una de las lenguas oficiales sobre las otras”, y afirman que se hace constar la elección de cada alumno en una lista, lo que a su parecer puede implicar pérdida de libertad a la hora de elegir.

Por todo, sostiene que “los exámenes en castellano, catalán o aranés no se han puesto libremente a disposición de los alumnos en el momento del reparto, y se ha seguido con la práctica irregular de entregar preferentemente el ejercicio en catalán”, y reclaman aplicar lo que ordenó el TSJC.

Por su parte, el sindicato Intersindical·Csc consideró que el auto del TSJC convierte al catalán en una lengua “subsidiaria”. En un comunicado del martes, ha asegurado que dicha orden “vulnera el principio de la inmersión lingüística y de la vehicularidad de la lengua catalana en la educación”.

La organización ha sostenido que la Justicia “da cobertura a la extrema derecha catalanófoba” y ha tildado el auto de ofensiva político-judicial, y ha criticado asimismo la actitud del Govern de la Generalitat, asegurando que es de pasividad y que se resigna a acatar, según el sindicato, un nuevo ataque contra la lengua catalana.

La Generalitat había vuelto a ser fuente de polémicas por la lengua. La AEB interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC Superior de Justicia de Cataluña porque entiende que la conselleria de Educación “discrimina” el castellano en los exámenes de la Selectividad, que se celebra entre el 8 y el 11 de junio. Según recoge la AEB, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha dictado una instrucción que tiene “como objetivo obstaculizar” que el alumno elija el español para responder.

“Repartir primero los enunciados de examen en catalán y, solo si algún alumno lo pide, darle la versión en castellano y recuperar la versión en catalán. A efectos estadísticos, hay que hacer constar en informe cuántos se libran, en castellano, sin identificar los alumnos”, es la instrucción de la Generalitat, que, a juicio de la AEB, “desinforma” sobre la posibilidad de escoger el examen en cualquiera de las dos lenguas porque exige una “petición expresa” del alumno. “Es una clara discriminación por razón de lengua que el Consell Interuniversitari de Catalunya establezca, sólo por razones identitarias, una preponderancia del catalán sobre el castellano que perjudica claramente a los estudiantes que quieran desarrollar los ejercicios en castellano o en aranés”, añade.

La AEB pidió también medidas cautelarísimas ante la urgencia del examen, que empieza este martes. La entidad probilingüismo de referencia en Cataluña considera que la instrucción dictada por la Generalitat vulnera, en concreto, el derecho a la no discriminación ( art. 14 de la CE) y el derecho a la educación ( art. 27 de la CE) y, por ello, ha solicitado su nulidad. En total, cerca de 40.000 alumnos están llamadas a realizar las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

El catalán se ha convertido en una recurrente fuente de polémicas desde que Jordi Pujol pusiera en marcha en los años 80 la inmersión lingüística. Los tribunales, en este sentido, han dictado en los últimos tiempos sentencias favorables al castellano, como el histórico fallo de diciembre del TSJC que imponía la obligación de impartir el 25% de las clases en español. El Govern, no obstante, ha evitado confirmar si cumplirá con esta resolución judicial.