España

Sánchez y Aragonés pactan su supervivencia

La «mesa de diálogo» busca visibilizar la entente de futuro entre el Gobierno y ERC

Pedro Sánchez y Pere Aragonés se aferran a la «mesa de diálogo» como si de una tabla de salvación se tratara. En todo o en parte es así. Ambos líderes reafirmaron ayer una entente con la que se juegan su supervivencia política. Y en la que la siguiente pantalla no será una nueva convocatoria del foro de interlocución, aunque las delegaciones trabajen para ello, sino la negociación de los Presupuestos. Tanto a la Moncloa como a la Generalitat les interesa alimentar el cordón umbilical que les une.

Necesitan mantener viva la ficción de que una resolución del conflicto es posible y de que ambas partes están concernidas y ocupadas en que así sea, a pesar de que partan y mantengan posiciones «radicalmente distintas» y de que tengan que lidiar con factores exógenos que busquen boicotear el entendimiento.

No solo es el punto de partida distante, sino el necesario juego de equilibrios en el que se desarrollará la negociación y que obliga a la Generalitat a una contorsión sin precedentes, que incluso roza el ridículo. Para muestra: un operario retiró ayer la bandera de España después de que compareciera Sánchez y antes de que lo hiciera Aragonés para que la enseña nacional no saliera de fondo en el plano de su intervención.

Fue significativo que Pedro Sánchez y Pere Aragonès comparecieran en el Palacio de la Generalitat mientras se desarrollaba la «mesa de diálogo». En paralelo. Una decisión organizativa que demuestra que lo que verdaderamente importa a ambos interlocutores es la forma y no el fondo. El presidente del Gobierno hizo hincapié en el «simbolismo» de la «apuesta por el diálogo», un simbolismo que se prioriza sobre los resultados concretos, que nacen viciados por «las posiciones muy alejadas» desde las que afrontan la resolución del «conflicto político en Cataluña». El Govern apuesta por la autodeterminación y la amnistía; Moncloa, por una agenda del reencuentro actualizada respecto a la que ya presentaron a Quim Torra en 2020.

«Si hoy estoy aquí de nuevo y me reúno con el presidente de la Generalitat es porque el Gobierno de España se toma en serio esta crisis», reconoció Sánchez, focalizando de nuevo la atención en la puesta en escena y en el liderazgo del Estado en la vocación de diálogo. Ninguna concreción, más allá de la «voluntad de ambos gobiernos» de buscar una salida y seguir dialogando. Se deja que el balón siga rodando. «No me pongan plazos, esos plazos tienen que ser los más laxos posibles», reclamó el jefe del Ejecutivo central, ante la petición de concreción por parte de los periodistas ávidos de alguna información específica.

Para Sánchez, más allá del contenido y la metodología –que ni siquiera se había pactado y en la que trabajarán «en las próximas semanas las dos delegaciones»– lo relevante para el Ejecutivo central es «la potencia del mensaje político». «Las imágenes son importantes desde el punto de vista político.

Que se produzca una reunión entre dos delegaciones para tratar de resolver el conflicto», destacó, exponiendo que lo importante es que la cita se produzca, más allá de que arroje algún resultado. «Lo sustantivo es que nos hemos reunido desde el respeto y desde la escucha, con clara vocación de superar lo que vivimos en 2017», dijo el presidente del Gobierno central.

Y se pone el acento en la forma y no en el fondo, porque en el fondo existen discrepancias importantes sobre el mecanismo de resolución del citado «conflicto político» y se necesita mantener la ficción de que esta es posible para que la entente entre el Gobierno y ERC sobreviva. La necesaria visualización de que la «mesa del diálogo» no naufraga en su primera convocatoria, a pesar de lo modesto de los avances y de que el «deshielo» por el que se conjuraron en Moncloa, tras la concesión de los indultos sigue avanzando. Precisamente, Sánchez hizo alusión a la medida de gracia como ese punto en que «volver al momento en que dejamos de escucharnos». Una alusión al «reinicio» que también utilizó Aragonés.

Está en juego la supervivencia para Sánchez, pero también para Aragonès. A pesar de que lleva poco más de 100 días en el Palau de la Generalitat ya ha sufrido algún golpe que puede escuchimizar su popularidad, que tampoco ha sido nunca muy elevada (el diagnóstico que se hizo tras el 14-F es que ganó las elecciones Esquerra, no Aragonès), ya que ha ha recibido el primer duro ataque de JxCat con el intento por dinamitar esta mesa de diálogo, pero también se le avecina mucha dificultad para aprobar los presupuestos de la Generalitat.

Y, ahí, en plena reconciliación y deshielo con el Gobierno y el PSOE, puede aparecer el PSC como socio determinante que salve unas cuentas que son imprescindibles para la viabilidad del Govern, porque están prorrogadas desde 2020 (son prepandemia). En este sentido, la CUP da muestras cada día de estar más descolgada de la gobernabilidad y los Comunes siguen muy alejados por su veto a JxCat.

Lo cierto es que más allá de la foto, que era el principal objetivo de Aragonès, la mesa de negociación se saldó con mínimos resultados. Prueba de ello es el comunicado final, que informó del único acuerdo que alcanzaron que fue el de mantener reuniones «periódicas y discretas» (hay quien sitúa ya el siguiente encuentro dentro de tres meses).

Más allá de eso, el Gobierno entregó un documento con 44 puntos (reclamaciones históricas de la Generalitat) sobre ámbitos económicos, sociales, de infraestructuras o incumplimientos del Estado. Puntos que también se pueden acabar resumiendo como más dinero para Cataluña: entre estos, aparecen una mejora del sistema de financiación (caducado desde hace siete años) o de la financiación de los Mossos d’Esquadra, el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Nacional de Dependencia e inversiones en infraestructuras ferroviarias (Cercanías).

También aparecen otras cuestiones de mayor carácter político, como la supresión de la referencia explícita al castellano en la nueva Ley educativa; la reducción de la conflictividad institucional (es decir, tratar de evitar los recursos ante el Constitucional) o el compromiso con la «memoria histórica».