La última oferta del Govern a la CUP: más “procés” y freno al Hard Rock y los Juegos Olímpicos

El Govern ha apurado todas sus opciones para retener a la CUP como aliado y aprobar los presupuestos. La última oferta de la Generalitat a los anticapitalistas consta de siete puntos, entre los cuales destacan la apuesta por seguir alimentando el “procés” (con el horizonte de preparar un referéndum esta legislatura) y echarle el freno a los macroproyectos de ocio del Hard Rock de Salou y la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030.

En concreto, el ejecutivo liderado por Pere Aragonès ha ofrecido dar de margen a la mesa de negociación con el Gobierno hasta el primer semestre de 2023 y, a partir de ahí, hacer balance y decidir qué caminos emprender para un nuevo “embate contra el Estado”. Entre ellos, aparece de nuevo la preparación de un referéndum de independencia, una exigencia de la CUP para esta legislatura. El Govern tiene el compromiso de crear un grupo de trabajo con las fuerzas independentistas para fijar ese rumbo.

Pero más allá de dar más alas al “procés”, el Govern tiene se presta a ceder con dos cuestiones icónicas e introducirlas como disposiciones adicionales en la Ley de presupuestos: dos macroproyectos, como el Hard Rock de Salou y la candidatura a las olimpiadas invernales de 2030. En el primer caso, el ejecutivo catalán se compromete a retirar la partida de 120 millones de euros que tenía previsto destinar y, en el segundo caso, celebrará una consulta en el territorio durante 2022 (por valor de 800.000 euros) para pulsar el clima de opinión y cómo desplegar el proyecto olímpico (tanto JxCat como ERC están a favor de celebrarlas).

El tercer gran punto es el dinero destinado a materia habitacional. La CUP exigía 1.000 millones y el Govern había previsto 749 millones, pero ahora se abre a 251 millones de euros adicionales, aunque lo supeditaría a hacer modificaciones durante la ejecución presupuestaria y en función de los ingresos. En todo caso, los cuperos ya advierten que tampoco lo ven suficiente porque “no se destinarán al parque público”. También el Govern reseña la puesta en marcha de un nuevo protocolo junto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar los desahucios dando respuesta preventiva desde la Generalitat a través de los servicios sociales.

Además de estos tres puntos, hay otros dos relacionados con medidas fiscales. Por un lado, se contempla el despliegue de dos nuevos impuestos verdes (sobre las emisiones portuarias de grandes barcos y sobre actividades económicas que generan gases con efecto invernadero) y, por otro lado, se plantea crear un grupo de expertos par gravar las externalidades negativas en áreas como la financiera o adicciones. Ambos puntos son insuficientes para la CUP porque pretende elevar los impuestos en Patrimonio e IRPF.

El Govern se ha comprometido a que la Conselleria de Interior lleve a cabo una revisión de los procedimientos sancionadores de la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como “Ley Mordaza”- de acuerdo con el principio de proporcionalidad y sobre la demanda de la CUP para impulsar una modificación legislativa para la municipalización del agua, el Govern asegura que la normativa vigente no es un “obstáculo para la remunicipalización de la gestión”, y se compromete a realizar un estudio sobre posibles mejoras para facilitar el trámite para cambiar el modelo, y dotar a la Agencia Catalana del Agua (ACA) de plazas para crear una oficina de apoyo a los municipios que quiere recuperar su gestión.

Todo queda en manos de la CUP, que este sábado decidirá finalmente si se aviene a aprobar el lunes los presupuestos del Govern. Si no lo hace, la Generalitat tendrá margen de 24 horas para convencer a los Comunes ya que el PSC se ha descolgado del todo.