El TSJC procesa a Borràs por malversación al adjudicar a dedo 18 contratos de forma irregular

El Alto Tribunal ve indicios “suficientemente sólidos” para juzgar a la actual presidenta del Parlament por presunto fraude en el Institut de les Lletres Catalanes

“Los hechos indiciarios evidenciarían que Laura Borràs abusó de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) dictando resoluciones injustas para aprobar las adjudicaciones de los 18 contratos menores”. Así concluye el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que procesa a la presidenta del Parlament y máxima dirigente de Junts por la presunta adjudicación irregular de 18 contratos a un amigo suyo para favorecerle en su etapa al frente del organismo público dependiente de la Generalitat entre 2013 y 2018.

En concreto, el magistrado Josep Seguí considera que hay suficientes indicios para enviar a Borràs a juicio por los delitos de prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil.

Para el magistrado, Borràs “abusó de las funciones que tenía reconocidas” como directora de la entidad, dictando “resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de 18 contratos menores”, para “únicamente favorecer los intereses de Isaías H. en detrimento de los intereses generales que debía defender”.

Además, también constata que la comunicación por correo electrónico entre Borràs y Isaías H. “son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ellos dos para defraudar a la ILC”. Entre los mensajes supuestamente incriminatorios que cita el juez, figura un correo electrónico en el que Borràs se dirige a Isaías H.: “Como tienen que hacerse tres presupuestos para cada una de las personas o empresas diferentes, yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganas uno, el más económico de la serie (...). El resto se podría hacer con la empresa de Andreu y quizá con la cooperativa de Madrid”.

En el auto remitido este lunes, el magistrado instructor da por finalizada la instrucción y da traslado al Ministerio Fiscal para que presente el escrito de acusación o la petición de archivo del procedimiento de Borràs y otras tres personas. Es decir, la presidenta del Parlament queda a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por corrupción.

En concreto, el TSJC la acusa de presunto delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. Según la investigación, la dirigente habría fragmentado y adjudicado a dedo 18 contratos por valor de más de 300.000 euros. En concreto, sumaban 330.442 euros y fueron otorgados a Isaías A. y a varias cooperativas de las que era socio el investigado por trabajos de programación y mantenimiento de la página web del organismo cultural.

Un caso que puede dejar su carrera política al borde del abismo a corto plazo, incluso antes de que haya una hipotética condena que le lleve a la inhabilitación: la Fiscalía tiene ahora 10 días para informar de las penas de prisión e inhabilitación que solicita contra Laura Borràs, su amigo y otras dos personas investigadas.

Y aquí entra en juego el reglamento del Parlament y su artículo 25, que indica que la Mesa debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata” cuando se decrete apertura de juicio oral –algo que puede hacer el TSJC tras la posición de la Fiscalía– y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs. La propia dirigente maniobró hace unos meses para modificar este punto y se topó con el rechazo de todos los partidos, incluso de ERC y la CUP.