Aragonès se refugia en el referéndum pactado y Junts le lanza una nueva amenaza

Pere Aragonès ha viajado al pasado. El president de la Generalitat ha abierto el debate de política general del Parlament con una hoja de ruta en la que recupera la llamada «vía canadiense», una fórmula que el soberanismo –con Podemos a la cabeza– ya sopesó en varias ocasiones a lo largo de los últimos años y que apuesta por acordar las condiciones para un referéndum de independencia con el Gobierno. En concreto, el republicano propone ahora un «Acuerdo de Claridad» que identifique «cuándo y cómo Cataluña puede volver a ejercer el derecho a decidir. Como han hecho Canadá y el Quebec».

Es decir, entierra de nuevo los planteamientos unilaterales y, en otro ejercicio de equilibrismo, se refugia en acordar las condiciones para la celebración de una hipotética consulta de independencia con el fin de ganar tiempo. La hoja de ruta es apostar por la vía negociada con la Moncloa, un foro que ha vuelto a blindar desde la tribuna del Parlament. Eso sí, el pacto que abraza ahora Aragonès busca presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en la mesa de diálogo e implica renunciar a las exigencias Junts, su socio en la Generalitat, en plena amenaza por su ultimátum: «Solo la legitimidad de un referéndum acordado puede sustituir el 1 de octubre», advirtió el president a sus socios sobre la consuta ilegal de la que ahora –este sábado– se cumplen cinco años.

Un mensaje dirigido a marcar distancias con los posconvergentes y las facciones del independentismo más beligerantes que apuestan por un nuevo envite contra el Estado, una «segunda vuelta del procés». «No me cabe la menor duda de que ésta es la vía más rápida y más eficiente para volver a votar. Porque parte de los aprendizajes del otoño de 2017 y supera las dificultades que no nos permitieron ser independientes hace cinco años», resumió el republicano sobre la vía pactada.

Y Junts, tras no aplaudir el discurso del president, elevó el tono de las críticas y su portavoz Albert Batet exigió sí o sí cumplir con sus tres exigencias: un «Estado mayor del procés», unidad de acción en el Congreso y centrar la mesa de diálogo en negociar una consulta. «Necesitamos garantías y concreciones, no se puede actuar de forma unilateral» advirtió el posconvergente. De no cumplirse, dijo, avisan al president con una cuestión de confianza y ya piden que se someta a ella.

Y es que Aragonés usó la autodeterminación para llamar a un frente «amplio» y de «consenso» con una propuesta renovada que busca sumar especialmente a los Comunes, la facción catalana que cobija a Podemos. De hecho, los morados, con Xavier Domènech al frente, ya defendieron una ley de claridad para acordar un referéndum pactado en 2017, una iniciativa expuesta incluso en la tribuna del Congreso. La vía canadiense también la esgrimió el republicano Roger Torrent, ex presidente del Parlament, en una conferencia en Madrid hace tres años.

Sin embargo, la propuesta que el president ha defendido en una maratoniana sesión en el Parlament apenas incluye detalles y solo se concentra en el titular. Ni aparecen fechas, ni horizontes temporales, ni condiciones, ni concreciones. «[El Acuerdo de Claridad] es la vía para hacer un referéndum definitivo que permita traducir la decisión de la ciudadanía en consecuencias políticas» y el Govern impulsará «los mecanismos para facilitar la elaboración de la propuesta catalana de acuerdo de claridad contando con todo el mundo, recogiendo las aportaciones de los diferentes ámbitos de la sociedad» con «las opiniones y los puntos de vista de todo el mosaico de actores que configuran la sociedad catalana», se limitó a deslizar.

«Ha llegado el momento de volverlo a hacer. De hacer de nuevo una propuesta de país. Ha llegado la hora de superar la situación de bloqueo con una propuesta constructiva. En positivo, que busca construir consensos, que no va en contra de nadie, que quiere recoger las aportaciones de todas las partes de tal manera que todo el mundo se sienta incluido. Y que, indudablemente, suma complicidades a todos los niveles», abundó sin ahondar en los detalles de este nuevo «frente amplio». Tampoco se refirió a las vías que pretende explorar para presionar a Pedro Sánchez: una de ellas, la principal, pasa por promover una ley desde el Parlament para trasladarla al Congreso.

Tras anunciar su nueva hoja de ruta, los principales cuadros de Junts -Laura Borràs y Jordi Turull- y sus consejeros en el Govern -con el vicepresidente Puigneró a la cabeza- no aplaudieron las palabras del president de la Generalitat en una nueva imagen de la fractura independentista. Tampoco la CUP apoyó al republicano, con los antisistema instalados desde hace un año en la oposición.

Ante los recelos y las amenazas de Junts, sólo los Comunes abrazaron la propuesta de Aragonès y recordaron que en su último programa electoral ya incluían un borrador de una ley de claridad para acordar una consulta.

El PSC de Salvador Illa, por su parte, tumbó la vía canadiense – «No resuelve nada»– y se ofreció para pactar medidas económicas y sociales, entre ellas los presupuestos de la Generalitat para 2023. Eso sí, toda la oposición en bloque echó en cara a Aragonès las múltiples batallas independentistas –«el Govern es un juguete roto», resumió el líder socialista– y los enredos con Junts en plena crisis social y económica.

Borràs: de la presidencia a la grada

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acudido este martes al Parlament para seguir el debate de política general desde la tribuna de autoridades del hemiciclo este pleno, el primero desde que fue suspendida como presidenta de la Cámara en julio.

Tras la suspensión de Borràs, preside este pleno la vicepresidenta con funciones de presidenta, la republicana Alba Vergés. Borràs, que fue suspendida con los votos de ERC, PSC y la CUP, ha participado antes en una reunión con el grupo parlamentario de Junts, que ha liderado junto al secretario general del partido, Jordi Turull, quien también sigue el pleno desde la tribuna.