El Parlament tardará un año en desactivar todas las prejubilaciones doradas

Este 1 de noviembre –a la práctica, hoy miércoles día 2 al coincidir con el festivo de Todos los Santos– empiezan a reincorporarse los funcionarios del Parlament beneficiarios de las prejubilaciones doradas, las polémicas licencias de edad que la Cámara terminó revocando en julio tras la controversia pública generada. Pese al acuerdo de la Mesa alcanzado antes de vacaciones, no ha sido hasta ahora cuando se ha llegado a un pacto directo y personal con los afectados que ya gozaban de un permiso concedido.

En total, son 17 empleados públicos los beneficiarios de un régimen que les permitía prejubilarse a los 60 años y seguir cobrando el salario completo hasta los 65. La cifra se elevaba hasta los 32, aunque cinco fueron eximidos al quedar un año o menos para la edad legal de la jubilación. Ahora, su reincorporación será paulatina hasta desactivar el polémico permiso en 2023: este noviembre regresan hasta 12 funcionarios a sus puestos de trabajo, y el resto se repartirán en tres tandas distintas a lo largo del año que viene. La próxima –que incluirá a cinco personas– será antes del 1 de mayo próximo y los demás ya volverán el segundo semestre.

Por tanto, para entonces habrá pasado un año entero desde que la Cámara pusiera coto a las prejubilaciones doradas después de que el asunto saltara a la opinión pública a través de los medios.

La resolución final se aprobó en la Mesa en julio con el respaldo del PSC, ERC y Junts, el voto en contra de de Vox y Comunes, y la abstención de la CUP y Cs. Luego fue ratificada en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, a pesar de que no contar con el visto bueno del Consejo de personal, el equivalente al comité de empresa de Cámara.

El acuerdo derogó el artículo 79 de los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlament, y estableció que las solicitudes pendientes de resolver en el momento de entrada en vigor se desestimarían de forma automática.

Según el texto aprobado, los funcionarios que tenían autorizada la licencia por edad podrán teletrabajar al 100% de su jornada y se deberán reincorporar al puesto de trabajo que tenían antes de disfrutar de la prejubilación.

Para acogerse a este régimen especial vigente hasta ahora, los funcionarios del Parlament debían tener más de 60 años y haber trabajado más de 15 en la Cámara catalana, lo que les daba derecho a percibir la práctica totalidad del sueldo sin tener que trabajar hasta la edad de su jubilación. Y el montante que se invirtió el año pasado en sufragar estos salarios fue de hasta 1,7 millones de euros. La partida se activó en 2008, cuando Ernest Benach (ERC) presidía entonces la Mesa.

El caso estalló en enero de este año y situó a la entonces presidenta de la Cámara, Laura Borràs (Junts) en el centro de la polémica por su gestión pública. La dirigente propuso en un inicio una reforma superficial que no acababa con las prejubilaciones doradas. Luego se supo que fueron concedidos hasta 12 permisos más, aunque no habían sido ejecutados, bajo su mandato.

Desde entonces, los respectivos partidos de la Cámara trataron de conjurarse para acabar con estas jugosas contrapartidas, aunque dilataron el problema hasta abril y luego hasta julio, cuando se llegó al pacto político.

Pese a las sucesivas demoras, lo cierto es que el Parlament terminará desactivando las licencias de edad sin haber llegado a un acuerdo con los representantes oficiales de los trabajadores. Una nueva asignatura pendiente de una cámara en el punto de mira y con Alba Vergés como presidenta en funciones.