Borràs ignoró los avisos de la Generalitat y siguió fraccionando contratos

Laura Borràs acumula jornadas en el centro de la diana conforme van pasando los días del juicio por corrupción al que se enfrenta acusada de haber fraccionado 18 contratos y así otorgárselos a dedo a un ex colaborador suyo, el informático Isaías Herrero. Ayer, la sesión fue especialmente dura para los intereses de la presidenta de Junts, señalada por varios funcionarios de la Institució de les Lletres Catalanes (ICL), la entidad cultural que dirigía entre 2013 y 2018 y en la que puso en práctica el fraude pese a varios avisos de la propia Generalitat.

Assumpta P. y Roger E., ambos funcionarios que trabajaron como administradores de la ILC bajo las órdenes de Borràs, declararon ayer como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y admitieron irregularidades en los contratos que la dirigente adjudicó a su amigo Isaías Herrero.

Ambos testigos coincidieron en sus versiones: la líder de Junts anunció en 2013 que encargaría al informático la creación de la web de la entidad cultural incluso antes de adjudicarle formalmente el proyecto. «Estábamos adjudicando contratos a empresas diversas, pero todas estas tareas las hacía siempre el señor Herrero. A mí me sorprendía, pero le sorprendía a toda la gente de la Institución. Esto lo sabía todo el mundo», prosiguió Assumpta P. dejando claro que la «mala praxis» de Borràs era conocida por toda la entidad.

De hecho, la Intervención General de la Generalitatadvirtió del abuso de contratación menor en la entidad pública. En concreto, dos interventoras de la Generalitat avisaron a Borràs en 2015 –tras dos años de contratos menores adjudicados a Isaías H.– de que podía «estar infringiendo el marco legal» por abusar de la contratación menor en la Institució de les Lletres Catalanes.

«Cuando en 2014 vi cómo iba todo, ya dije que se tenía que hacer un contrato negociado, porque ya era una cosa de más envergadura que requería un proyecto global, que se tenía que hacer de acuerdo con el marco vigente, con libre concurrencia y publicidad», aseguró ante el TSJC la testigo. Además, la funcionaria relató una reunión en 2015 a la que asistió junto a Borràs ante dos interventoras de la Generalitat, que advirtieron a líder de Junts de que «podía estar infringiendo el marco legal» por abusar de la contratación menor en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En la misma línea, Roger E. corroboró que la Intervención General de la Generalitat advirtió de que no era «deseable» ni «recomendable» que el 100% de los contratos en la ILC fuesen menores y sugirió convocar un concurso público, a lo que Borràs se opuso alegando que este sistema ralentizaría el proceso y que además eran proyectos diferentes.

Antes de que su acusación se archivara, este funcionario entregó al juez instructor varios audios de WhatsApp que le había enviado Borràs «recriminándole» que no le avisara de que los Mossos habían acudido a la ILC en busca de documentación sobre los contratos bajo sospecha. La presidenta de Junts, cada vez más contra las cuerdas, declarará en último lugar tras esta ristra de acusaciones.

También este miercoles declararon una decena de agentes de los Mossos d’Esquadra que participaron en los registros del domicilio del amigo de Laura Borràs y de la ILC. Según precisaron, las supuestas adjudicaciones a dedo se destaparon a raíz de una intervención telefónica a Isaías Herrero, que en 2017 era investigado por tráfico de drogas y falsificación de monedas. Fue en 2018 cuando se ampliaron las pesquisas a Borràs, que entonces era consejera de Cultura y estaba aforada.