La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha vuelto a cargar contra las políticas lingüísticas y educativas de la Generalitat vinculadas a la inmigración marroquí. En un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter), Orriols compartió una carta enviada a las familias por el Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni y el Departament d’Educació. La misiva informaba de la puesta en marcha de clases de lengua árabe en la escuela Pere Rosselló, fruto del convenio suscrito entre la Generalitat y el Reino de Marruecos. Junto a la imagen, la líder independentista escribió: «Tenemos locos al frente de la Generalitat y de algunos ayuntamientos. Y tarde o temprano pagaremos sus consecuencias…».

La carta detalla que, a partir del 30 de septiembre, los alumnos de quinto y sexto de primaria podrán asistir a clases gratuitas de lengua árabe dos veces por semana, de 12:30 a 13:30 horas, impartidas por el profesor Mohamed El Khmysy. Se trata de una actividad voluntaria, para lo cual las familias deben rellenar un impreso de inscripción.

Este tipo de programas educativos se enmarca dentro del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que desde hace más de dos décadas funciona en España en virtud de un acuerdo con Marruecos y que en Cataluña ha generado una fuerte controversia política. La comunidad autónoma es, de hecho, la región con mayor número de musulmanes de España y donde la presencia de mezquitas, asociaciones islámicas y comunidades marroquíes es más visible.

Formaciones como Aliança Catalana y Vox denuncian que este tipo de iniciativas contribuyen a una “islamización” de la sociedad catalana, con el consiguiente debilitamiento de las raíces culturales y religiosas propias, tradicionalmente ligadas al cristianismo. Ambos partidos sostienen que el fomento del árabe y de la cultura marroquí en el sistema educativo no favorece la integración, sino la creación de comunidades paralelas, además de advertir de la relación entre el aumento de la inmigración musulmana, la inseguridad y el riesgo de radicalización.

Los datos oficiales del Departament d’Educació confirman que el PLACM se ofrece en 122 centros educativos de Cataluña en el curso 2024-2025. De estos, solo cuatro lo incluyen en horario lectivo, mientras que los 118 restantes lo imparten fuera de clase, en la franja de actividades extraescolares. El programa representa apenas el 2,27 % de los centros de la comunidad, pero se mantiene estable en los últimos años, pese a las críticas.

Por provincias, la distribución muestra un mayor peso en Barcelona (61 centros), seguida de Tarragona (19), Girona (15) y Lleida (11). A nivel municipal, destacan Lleida (9), Barcelona (8), Sabadell (8), Tarragona (7) y Terrassa (6) como los municipios con más escuelas adheridas al programa. En cuanto a la evolución, en el curso 2020-2021 se aplicaba en 139 centros, en 2022-2023 en 127 y en 2023-2024 en 128, lo que refleja una tendencia de ligera disminución, pero sin grandes cambios.

El PLACM está financiado íntegramente por Marruecos, a través de la Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero, que también se encarga de seleccionar y pagar al profesorado. Las clases en Cataluña son impartidas por docentes enviados directamente por el Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, mientras que la coordinación general recae en el Ministerio de Educación de España.

La iniciativa ha estado rodeada de polémica desde su implantación. Defensores del programa sostienen que responde a la necesidad de mantener el vínculo cultural y lingüístico de los hijos de inmigrantes con sus raíces, favoreciendo una identidad bilingüe o plurilingüe. Sus detractores, en cambio, argumentan que se trata de una forma de “injerencia extranjera” en el sistema educativo y de un obstáculo para la plena integración en la sociedad catalana.

En este contexto, Vox ha registrado en el Parlament de Cataluña varias propuestas para eliminar el programa, bajo el argumento de que “pone en riesgo la cultura nacional” y que supone un agravio comparativo respecto a otras comunidades extranjeras que no cuentan con convenios similares. Orriols, por su parte, ha convertido esta denuncia en una de sus principales banderas políticas, vinculándola con su discurso más amplio sobre inmigración, seguridad y preservación de las raíces catalanas y cristianas.