Los deberes del Parlament: el sueldo de los diputados y el reglamento para los casos corrupción

El Parlament bajó la persiana el verano pasado con la suspensión de Laura Borràs como presidenta de la Cámara (28 de julio de 2022). Y este año colgó el cartel de vacaciones tras haber designado una nueva presidencia (Anna Erra) en plena legislatura por primera vez desde 1980. Entremedias, la negativa de Borràs a dimitir pese a estar condenada por corrupción provocó un estancamiento insólito de la institución, sin liderazgo político hasta el nombramiento de Erra en junio. En total, casi un año de interinidad acumulada, con varias tareas pendientes por resolver que la nueva presidenta aún no ha abordado y deberá hacer de inmediato.

Todo después de que el largo periplo judicial de Borràs y su rechazo a dar un paso al lado provocaron que Alba Vergés (ERC) tuviera que asumir sus funciones de forma provisional durante diez meses.

De hecho, a nivel interno son varias las carpetas que se han acumulado por el estancamiento institucional y la falta de liderazgo político. Por ejemplo, Anna Erra aseguró en una de sus primeras entrevistas que quería cambiar el reglamento de la Cámara y «modernizarlo». El primer retoque sería para dar cobijo al voto telemático, una de las tareas que dejó Borràs en barbecho. La argucia que plantea el independentismo permitiría validar las votaciones que efectúe Lluís Puig, huido de la justicia española y con escaño en el Parlament.

Al margen de esta pirueta, la Cámara debe abordar cuestiones sensibles que pueden afectar al bolsillo de sus diputados y expresidentes. Especialmente candente es revisar las pensiones y beneficios económicos de los expresidentes del Parlament y del Govern condenados por cualquier delito asociado a la corrupción. Esta reforma es una proposición de ley de los Comunes que salió adelante gracias a los votos del PSC, Vox, CUP, Cs y PP y la abstención de ERC. De hecho, todos los partidos evitaron que prosperara la enmienda a la totalidad presentada por Junts, por lo que su trámite parlamentario sigue y puede incorporar cambios antes de que se vote.

Y otro de los asuntos que el Parlament aparcó «sine die» bajo el mando en funciones de Vergés fue la tributación de las dietas de los diputados. El Presupuesto para este 2023, que asciende a 66.956.190 euros, se aprobó con los votos a favor del PSC y ERC, la abstención de Junts, Ciudadanos y el PP, y el rechazo de Vox, los Comunes y la CUP, en medio de una controversia por el mantenimiento de las dietas de desplazamiento que perciben los diputados y que no tributan a Hacienda.

A nivel legislativo, la actividad ha continuado sobre todo a lo largo de este 2023: la Cámara catalana ha validado cuatro decretos ley en este quinto período de sesiones –de enero a julio– sumando 35 desde el inicio de la legislatura, en marzo de 2021. De las diez leyes aprobadas este último período, tres son fruto de proyectos de ley del Govern: la de Presupuestos; la de medidas fiscales y financieras para el 2023 (ley de acompañamiento de las cuentas), y la de creación de la comarca del Lluçanès (Barcelona).

Las otras siete leyes aprobadas son la de medidas para reducir la temporalidad de los funcionarios; la de reconocimiento del escultismo; la del cambio de adscripción comarcal de Biosca y Torà (Lleida); la de ayudas a las víctimas de violencia machista y sus hijos; la de medidas para afrontar la sequía; la de medidas con relación a la ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia, y la del aranés en la escuela.

El sexto periodo de sesiones empezó formalmente este miércoles pasado 16 de agosto, aunque la actividad no se retomará a pleno rendimiento hasta el 1 de septiembre con una sesión para votar si se recurre la ley de Vivienda del Gobierno ante el Constitucional.