Cataluña
La Generalitat calcula que recibirá 5.000 millones más con la nueva financiación
El Govern defiende la compatibilidad entre una negociación bilateral y una multilateral
Sigue la euforia en el ejecutivo de Salvador Illa un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Después de que la consellera de Economía, Alícia Romero, al salir de la reunión, asegurara que el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España garantizaba la ordinalidad y la singularidad de Cataluña, esta mañana volvía a hacer gala de las supuestas bondades del acuerdo. Aunque el encuentro celebrado en Madrid no dejó cifras oficiales ni un documento cerrado, Romero afirmó que Cataluña podría recibir entre 3.800 y 5.000 millones de euros adicionales si el nuevo sistema incorpora un aumento del fondo total a repartir que oscilaría entre 17.000 y 20.000 millones, una horquilla que manejan distintos economistas y que el propio PSC considera plausible. En este sentido, el Govern interpreta la reunión como un avance significativo dentro del acuerdo político alcanzado entre el PSC y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa. Se trata de «una buena cifra», afirmó Romero.
La consellera también reiteró que el Ejecutivo confía en que el modelo respetará principios clave como la ordinalidad y la suficiencia financiera, pese a que el Ministerio de Hacienda no se comprometió expresamente a ello en la reunión del lunes. Para la consellera, no es aceptable que Cataluña sea actualmente la tercera comunidad en aportación per cápita y, al mismo tiempo, la décima en recursos recibidos. Aunque admite que es difícil que las posiciones de aportación y recepción acaben siendo idénticas, sí considera garantizado que la nueva financiación permitirá «equiparar» ambas realidades.
«Competencia desleal»
Las desigualdades del reparto actual, según Romero, afectan al conjunto del sistema. Puso como ejemplo que un ciudadano de Extremadura reciba 1.000 euros más que uno de Murcia, una muestra, argumentó, de los desajustes que la reforma «tiene que resolver». En este contexto, la consellera se mostró favorable a limitar las bajadas de impuestos por parte de las comunidades autónomas y a penalizar prácticas que puedan derivar en «competencia desleal», un planteamiento que coincide con la propuesta lanzada por la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, para establecer un «suelo fiscal» que evite el «dumping» entre territorios.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, reforzó este mensaje al valorar positivamente que en el CPFF se expusieran los primeros principios del nuevo modelo y un calendario aproximado: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que su propuesta se presentaría entre enero y febrero. Paneque calificó la reunión como «un paso adelante», aunque admitió que «queda mucho trabajo por hacer». También subrayó que el nuevo modelo «irá en beneficio de todas las comunidades», defendiendo que una financiación singular para Cataluña no implica perjuicio para el resto: «Cuando a Cataluña le ha ido bien, al resto de España le ha ido bien».
Paneque respondió además a las críticas de algunas autonomías gobernadas por el PP, que cuestionan la posibilidad de introducir criterios como la ordinalidad. La portavoz recordó que distintos presidentes populares han reconocido la necesidad de actualizar un sistema caducado desde 2014 y reclamó al PP que priorice los beneficios para los ciudadanos antes que «hacer ruido político». Según Paneque, la ministra Montero ya dejó claro que las comunidades deben recibir los recursos «de acuerdo al esfuerzo» que realizan, y este desajuste, explicó, es precisamente uno de los puntos que la reforma debe corregir.
Romero, por su parte, insistió en que la nueva financiación puede combinar elementos bilaterales y multilaterales sin generar agravios. Defendió que Cataluña respete regímenes fiscales específicos, como el canario, mientras otras autonomías deban respetar la gestión catalana de competencias transferidas como la seguridad, a través de los Mossos d’Esquadra, o el sistema penitenciario. Paneque, por su parte, también defendió la compatibilidad entre bilateralidad y multilateralidad, aunque pidió no entrar en un «baile de nombres».