Govern y Comuns emitirán un informe en enero sobre la compra especulativa de vivienda

La consellera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes que el grupo de trabajo, creado por el Govern y los Comuns para tratar la prohibición de la compra de vivienda especulativa, estudiará la aplicabilidad de la medida durante unas semanas y emitirá un informe "a principios de enero". Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha especificado que este ente reunirá a expertos del ámbito jurídico para estudiar la aplicabilidad de las medidas y detallar, a futuro, los trámites que deban impulsarse a nivel jurídico.

Paneque ha dicho que lo crean para asegurarse, además, que la medida tendría un "impacto" en el objetivo de intervenir en el mercado de la vivienda. Ha afirmado que esta medida no es "moneda de cambio en absoluto" con los Comuns porque estudiarla es también una determinación del Govern, y que todavía no se ha presentado ninguna propuesta concreta como para determinar si es conforme a la Constitución.

"El Govern trabaja desde un punto de vista serio y riguroso en este y en todos los ámbitos, pero este especialmente, porque afecta a toda la ciudadanía en su conjunto. Y por eso siempre buscamos el aval jurídico que acompañe a esta y todas las actuaciones", ha zanjado.

ERC pide que se "tenga iniciativa para legislar"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha pedido al Govern que se ponga manos a la obra a la hora de regular la prohibición de la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas, al ser preguntada por el grupo de trabajo acordado entre Comuns y Govern para abordar este tema.

Ha asegurado que ERC pedirá en una moción en el pleno de esta semana en el Parlament que el Govern elabore un informe, estudie en profundidad esta cuestión y "tenga iniciativa de legislar" en este sentido. También ha criticado que el Govern no haya presentado un nuevo contrato-programa de servicios sociales y que apueste por la prórroga del actual, lo que considera que afectará directamente a los servicios prestados por los ayuntamientos, y ha alertado que eso pone en riesgo "la cohesión social", y ha explicado que interpelarán al Govern sobre este tema en pleno.