a Generalitat de Catalunya ha recaudado más de dos millones de euros a través de las denominadas multas lingüísticas impuestas a comercios y empresas por no garantizar el uso del catalán en la atención al público, el etiquetado o la rotulación. Estas sanciones, tramitadas por la Agència Catalana del Consum (ACC), se basan en la normativa autonómica que obliga a ofrecer información y servicio al cliente en catalán.
Según los datos recopilados de diferentes informes y medios oficiales, entre 2004 y 2010 —durante el gobierno tripartito— la Generalitat ya había ingresado más de 900.000 euros en concepto de sanciones lingüísticas. En los últimos años, las cifras han ido en aumento: en 2019 se recaudaron unos 25.000 euros, en 2020 la cantidad ascendió a 96.000 euros, y en 2021 se situó en torno a 123.400 euros.
El incremento se hizo especialmente visible a partir de 2023, cuando la Administración catalana impuso 283 sanciones por incumplir la normativa lingüística, recaudando 492.920 euros en multas. En 2024, el balance fue ligeramente inferior, con 206 sanciones y una recaudación cercana a los 409.000 euros.
Estas sanciones se dirigen principalmente a establecimientos comerciales, cadenas de restauración y empresas de servicios que no ofrecen documentación, rótulos o atención al cliente en catalán. La Generalitat justifica esta política como parte de su “tarea de protección de los derechos lingüísticos de los consumidores”, mientras que diversas asociaciones empresariales y constitucionalistas la califican de “medida coercitiva” y de “instrumento ideológico”.
Con todo, y pese a las críticas, el ejecutivo catalán ha reiterado su compromiso con la “normalización plena del catalán” en todos los ámbitos. En conjunto, la cifra total de recaudación acumulada desde la puesta en marcha de este régimen sancionador supera ya los dos millones de euros, reflejando una política lingüística que continúa generando debate tanto en Cataluña como en el resto de España.
