La Generalitat de Cataluña sigue ampliando su estructura administrativa con nuevas plazas de funcionario

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes un nuevo aumento de plantilla en el Departament d’Interior i Seguretat Pública con la creación de 260 nuevas plazas de personal funcionario y laboral de administración y servicios. La medida responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de adaptar la estructura interna del departamento al crecimiento previsto de los cuerpos operativos y a la implementación de nuevas estrategias de seguridad y emergencia.

En concreto, se incorporarán 204 nuevos trabajadores al Departament d’Interior y otros 56 al Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). El incremento de efectivos se justifica por los objetivos fijados por el Govern para los próximos años, que incluyen alcanzar los 25.000 mossos d'esquadra en 2030, 3.300 bomberos en 2028 y 900 agentes rurales también en 2030. Además, se prevé desplegar una nueva estrategia de protección civil local para el período 2025-2027 y revisar los protocolos actuales ante catástrofes o situaciones de emergencia.

Refuerzo de estructuras clave

La ampliación de plantilla afectará a varias direcciones generales y unidades clave del Departament, empezando por la Secretaría General. En este ámbito, se reforzará la plantilla del Gabinete Técnico, el Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales y la Asesoría Jurídica, ante el aumento de la actividad normativa, los recursos y reclamaciones, y los nuevos estudios e informes estratégicos que exige el plan general de seguridad de Cataluña. También se dotará de más personal a los equipos encargados de aplicar la estrategia de feminización de los cuerpos operativos.

El Gabinete Técnico, además, deberá hacer frente a nuevas competencias en materia de inmigración asumidas por los Mossos d’Esquadra, lo que implicará una mayor participación en proyectos europeos y planes de cooperación nacional e internacional, así como una intensificación de las tareas de evaluación de políticas públicas en los ámbitos de seguridad, emergencias y medio natural.

Más contratación y planificación

La Dirección de Servicios gestionará nuevos contratos para dotar a los cuerpos operativos de los recursos materiales necesarios, planificará la incorporación de nuevas promociones y se encargará de garantizar que esta se realice con las condiciones adecuadas en términos de prevención de riesgos laborales y disponibilidad presupuestaria.

Tanto esta dirección como la Secretaría General asumirán nuevas funciones vinculadas a la estrategia de protección civil local y la revisión normativa para situaciones de catástrofe. Uno de los objetivos será regular la situación de los cámpings en zonas inundables para garantizar la seguridad de sus usuarios.

Protección civil y videovigilancia

En cuanto a la Dirección General de Protección Civil, se implementará un plan de dimensionamiento en tres fases, 2025, 2026 y 2027, para paliar la falta de estructuras locales de protección civil en muchos municipios. Según el Govern, esta carencia impide en algunos casos la redacción de planes municipales o la aplicación efectiva de los existentes. La medida también se vincula con el acuerdo adoptado el 13 de mayo para reforzar la preparación ante emergencias graves en Cataluña.

La Dirección General de Administración de Seguridad, por su parte, pondrá en marcha un nuevo servicio de promoción y financiación de cámaras de videovigilancia en municipios que no cuentan con policía local, 217 en total, y que no pueden asumir estos gastos por sí mismos. Además, se reforzarán las políticas para combatir los discursos de odio, la LGBTI-fobia, el racismo y la violencia en el deporte, así como la aplicación del protocolo contra situaciones de discriminación en el ámbito de la seguridad privada.

CAT112 y formación policial

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 también recibirá más recursos humanos para hacer frente al previsible aumento de llamadas operativas en los próximos años. El plan incluye modernizar sus dos salas de atención, integrar datos con cuerpos como las policías locales, establecer modelos predictivos y mejorar la comunicación pública del servicio.

Por último, el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) reforzará su estructura para asumir la formación del creciente número de agentes previstos por el Govern. El Ejecutivo destaca que esta formación no solo se amplía en volumen, sino también en complejidad, lo que exige una mejora en infraestructuras y recursos pedagógicos.

Aunque el acuerdo no detalla cifras económicas concretas, el aumento de plantilla y las medidas descritas suponen un esfuerzo organizativo y presupuestario considerable. La Generalitat justifica la medida como imprescindible para garantizar la seguridad pública en los próximos años y adaptar la administración a los retos emergentes en materia de emergencias, protección civil y orden público.