La Generalitat elevará las exigencias del catalán a los docentes a partir de 2026

A partir del curso 2025-2026, quienes aspiren a trabajar como docentes en Cataluña, tanto de forma interina como mediante oposiciones para acceder a una plaza fija, deberán acreditar el nivel C2 de catalán, el máximo grado de competencia lingüística según el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (MECR). Así lo confirma la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el grupo de Junts per Catalunya. La medida está recogida en la disposición adicional primera del Decreto 91/2024, aprobado el pasado 14 de mayo, ya hace casi un año.

La exigencia se aplicará a quienes concurran a concursos de méritos para entrar en la bolsa de interinos y a los aspirantes a nuevas especialidades mediante oposición. Además del catalán, se exigirá acreditar el nivel B2 de una lengua extranjera. En el caso del Val d’Aran, también será obligatorio demostrar el conocimiento equivalente del aranés.

Como alternativa, los candidatos que no dispongan del título oficial del C2 podrán someterse a una prueba específica de competencia lingüística que les permitirá continuar el proceso selectivo. Sin embargo, superar esa prueba no implicará la obtención de la acreditación oficial, sino simplemente validar la suficiencia lingüística para ese concurso concreto.

El Govern justifica esta medida como una forma de reforzar el papel del catalán como lengua vehicular de la enseñanza y asegurar un uso competente por parte del profesorado. No obstante, se produce en un contexto siempre tenso respecto a la situación del castellano en la escuela catalana. Mientras la Generalitat sigue queriendo reforzar el catalán, el sistema de inmersión lingüística es objeto de crecientes críticas, tanto en el ámbito judicial como en el político.

La consellera Esther Niubó deberá comparecer el próximo 14 de mayo ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras una petición promovida por el grupo «Patriots for Europe», al que pertenece Vox, por la supuesta «marginación del castellano» en las aulas catalanas. La comparecencia deriva de la visita de una delegación de eurodiputados en diciembre de 2023, que evaluó sobre el terreno si el modelo lingüístico catalán cumple los principios de multilingüismo y no discriminación de la UE. El informe posterior fue demoledor: acusaba al Govern de incumplir las sentencias que exigen al menos un 25% de enseñanza en castellano y recogía denuncias de «acoso» a familias castellanohablantes.

La polémica no se queda en el ámbito europeo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado recientemente una sentencia que declara nulos varios apartados de las instrucciones del Departamento de Educación para el curso 2022-2023. En concreto, el alto tribunal anula el tratamiento que excluía expresamente al castellano como lengua vehicular, al considerar que vulnera los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución Española. El TSJC da así cumplimiento a un mandato del Tribunal Supremo, que le obligó a pronunciarse sobre esas instrucciones tras un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

Entre los apartados anulados figura el que establecía el catalán como “la lengua utilizada normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo”, sin mención alguna al castellano. También se anula el apartado que imponía el uso exclusivo del catalán como “lengua de la institución” en todos los espacios del centro educativo, tanto en actividades internas como en la relación con la comunidad educativa.

Esta sentencia, junto con la comparecencia de Niubó en Bruselas, añade más presión al Govern y reaviva el debate sobre el equilibrio lingüístico en las aulas catalanas. Mientras tanto, la exigencia del C2 para los docentes se interpreta como un nuevo paso hacia la consolidación del catalán como eje vertebrador del sistema educativo, una decisión que, lejos de cerrar el debate, alimenta las críticas de aquellos que acusan al PSC de llevar un gobierno continuista respecto a los últimos 15 años, cuando la Generalitat había estado en manos de nacionalistas de Convergencia, de Junts o de ERC.