Turull: "Junts iba a votar en contra pero el PSOE fue cediendo y cediendo... y en el último segundo llegamos a un acuerdo"

La votación de infarto de ayer en el Senado resultó en la aprobación del decreto Ómnibus y el decreto anticrisis gracias a que finalmente se abstuvieron los diputados de Junts per Catalunya. A cambio de permitir que el ejecutivo sacara adelante dos de los tres macrodecretos sometidos a votación -tampoco Podemos votó favorablemente la aprobación de un tercero relativo al subsidio de desempleo e impulsado por la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz-, la formación posconvergente consiguió un acuerdo con el Gobierno que permitirá la cesión de las competencias en materia de migración a la Generalitat de Cataluña.

Esta concesión se llevará a cabo a través de "una ley orgánica a partir del artículo 150.2 de la Constitución y delegando las competencias plenas y los recursos en inmigración", según ha informado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en la radio catalana Rac1. "La letra pequeña del traspaso no la podemos explicar, pero será en materia de documentación o permisos de residencia. Cataluña debe poder decidir los flujos migratorios", ha explicado la diputada independentista. El Ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha avalado el desarrollo de esta ley orgánica a pesar de que la propia Carta Magna, si bien autoriza al Gobierno a delegar, expone la "competencia exclusiva del Estado" en un elenco de materias entre las que se encuentran "nacionalidad, inmigración, emigración y extranjería".

Para el secretario general de Junts, Jordi Turull, la Generalitat debe "poder decidir si se expulsa o no a los migrantes multirreincidentes". "Ningún alcalde está satisfecho con que haya personas en su pueblo que hayan reincidido 210 veces", ha explicado quien fuera consejero de Presidencia de la Generalitat en 2017 en relación a la señal de alerta que proclamaron algunos ediles de su formación en la comarca costera del Maresme, especialmente en Calella, donde el alcalde hizo una declaración pública hace unas semanas denunciando la situación delictiva causada por la inmigración irregular. "Hay inmunidad para una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga", ha insistido Turull en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El secretario general ha explicado, asimismo, cómo se desarrolló una votación en la que los posconvergentes tenían previsto votar en contra de los decretos del Gobierno: "El PSOE fue cediendo y cediendo, y en el último segundo del último minuto conseguimos llegar a un acuerdo". Turull no ha puesto fecha al traspaso de las competencias porque pretenden "negociar una buena ley orgánica", y en esta misma línea se ha manifestado Bolaños en relación a los plazos de una cesión que desde Junts consideran "capital" y a través de la cual, según apuntan fuentes próximas a la formación, se podrá supervisar la integración de los migrantes a partir de la asimilación de la lengua catalana.

La alcaldesa de extrema derecha de Ripoll, Sílvia Orriols, ha exigido que la Generalitat delegue a su vez las competencias en inmigración a los ayuntamientos. La líder de Aliança Catalana arrasó en las últimas elecciones municipales en esta localidad gerundense con un discurso beligerante con la inmigración ilegal, y desde Junts pretenden a la par asimilar al potencial votante de la formación independentista de ultraderecha y dar respuesta al fenómeno migratorio desde "lógicas muy diferentes a lo que plantea Orriols". Turull ha abogado, distanciándose de la alcaldesa de Ripoll, por "políticas de integración y no de enfrentamiento" y no ha aclarado si finalmente serán los consistorios quienes puedan desarrollar las políticas.