El Govern se exculpa de los pagos indebidos en la DGAIA: “Es una foto de hace años”

Hoy hace una semana que la Sindicatura de Comptes presentó un nuevo informe en el que se recogían pagos indebidos de la dirección general d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), en la prestación de ayudas económicas a jóvenes tutelados y extutelados. El total de los pagos irregulares sumaba, según la Sindicatura, 167 millones de euros. En la primera sesión de control al Govern en el Parlament de Cataluña desde que se destapó el caso, algunos grupos parlamentarios han preguntado al respecto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a otros consellers.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha exculpado a su gobierno del caso que afecta a la DGAIA; "Es una foto de hace años". Martínez Bravo ha argumentado que el informe de la Sindicatura "aborda la situación de pagos en el plazo 2016-2022", etapa en la que el PSC no estaba al frente del ejecutivo catalán.

Por otro lado, la consellera ha defendido la actuación del Govern de Illa tras conocer las irregularidades en la dirección, y ha asegurado que tienen "un plan de choque de mejora de la administración para evitar que se produzcan pagos indebidos". "Hemos anunciado una auditoria externa y hemos creado una nueva oficina de control de gestión", ha celebrado. Además, Martínez Bravo ha remarcado que el informe de la Sindicatura apunta a pagos "indebidos", "que nada tienen que ver con la irregularidad".

El informe de la Sindicatura

El último informe de la Sindicatura de Comptes publicado hace una semana es demoledor. Detecta "al menos 167,56 millones de euros pagados indebidamente" por parte de la conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat a beneficiarios de distintas prestaciones sociales de 2016 a 2024.

Concretamente, el informe publicado por la Sindicatura señala que se pagaron 70,6 millones en prestaciones de dependencia, otros 43,78 en pensiones no contributivas y 36,15 en renta garantizada de ciudadanía. Del total, la Sindicatura de Comptes advierte que 7,17 millones pertenecen a casos ya prescritos de los que no se puede tramitar la devolución, y 4,7 millones son prestaciones de la DGAIA a jóvenes extutelados que no se deberían haber abonado desde 2019 hasta 2022.

El informe argumenta que los casos que han podido incurrir en incompatibilidades y en un volumen elevado de pagos indebidos pueden achacarse a una "falta de seguimiento y controles eficaces". En este sentido, la Sindicatura explica que el tratamiento de los casos de pagos indebidos representa "una carga administrativa importante" y entiende que no se ha fomentado una cultura de "regularidad y transparencia" en las actividades financiadas con fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos.