Illa encara el Debate de Política General con un Parlament dividido y sin horizonte presupuestario

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afronta a partir de este martes su segundo debate de política general en el Parlament en un momento de creciente tensión con sus socios de investidura. Hace un año, la cita parlamentaria sirvió para consolidar la alianza con ERC y los Comuns, que rubricaron las bases del pacto de investidura con el financiamiento singular como proyecto estrella de los republicanos y la vivienda como prioridad de los comunes. Hoy, sin embargo, la estabilidad de aquella mayoría se tambalea: no hay ni calendario para los presupuestos ni señales claras de que el Govern pueda sacarlos adelante.

Los Comuns han advertido que no se dan las condiciones para negociar las cuentas y ERC ha reiterado que no apoyará los presupuestos si no se concreta el nuevo modelo de financiación y un acuerdo sobre la ley estatal que permita a Cataluña recaudar el IRPF. La formación de Oriol Junqueras mantiene que el Govern debe cumplir la letra pequeña del pacto, que pasa por una cesión efectiva de competencias tributarias y una recaudación plena de los impuestos. A este escenario se añade el movimiento interno de los republicanos. Junqueras, inhabilitado hasta 2031, intenta proyectarse como futuro candidato y marcar perfil propio en un momento en que Illa busca mantener la calma institucional.

El Ejecutivo catalán confía en encauzar cuanto antes los escollos en materia de vivienda y en acercarse nuevamente a los Comuns, pero la negociación con Madrid continúa bloqueada. El PSOE, según coinciden fuentes parlamentarias, “no ha movido ficha” en la mesa bilateral y ha rebajado el alcance del acuerdo de investidura perfilando un modelo que “no respeta el principio de ordinalidad ni contempla la gestión de todos los impuestos”. Tampoco ha aceptado, de momento, las demandas sobre el IRPF, lo que complica la entente entre el Govern y ERC.

El presidente prevé centrar su intervención en vivienda, seguridad, sanidad, educación e investigación, con el objetivo de dar respuesta a los retos de una Cataluña de ocho millones de habitantes. Además, su reto será convencer en todas estas materias a un Parlament más dividido y polarizado que nunca.

La vivienda, en el centro del debate

El presidente de la Generalitat volverá a hacer bandera de la vivienda, el área más simbólica de su mandato. Tal como avanzó el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, Illa propondrá nuevas medidas durante el debate “de aplicación inmediata y, sobre todo, apelando a la colaboración público-privada”. Dalmau subrayó que “la administración pública debe hacer una parte importante”, pero insistió en que “solos no lo resolveremos todo”, reclamando más vivienda de protección y alquiler y “facilidades para que los jóvenes puedan comprar un piso cuando se lo quieren comprar”.

El conseller reconoció que las medidas impulsadas hasta ahora “no son suficientes” y que “hay que generar más oferta de vivienda libre, de compra y de alquiler” para corregir lo que calificó de “déficit histórico”. Pese a las tensiones, Dalmau defendió que el Govern mantiene una “estabilidad sólida” gracias a los acuerdos de investidura y emplazó a los grupos a abrirse a pactos presupuestarios: “Todo en la vida significa moverse de posiciones, porque a uno no siempre le sale todo como le gustaría”, afirmó.

Desde el lado de los Comuns, la presión se intensifica. Su portavoz, Gerardo Pisarello, adelantó que su grupo llevará al pleno la propuesta de “prohibir las compras especulativas de vivienda”, con el objetivo de priorizar el acceso a los residentes frente a los fondos de inversión. Pisarello reprochó al Govern su “escasa, por no decir nula, predisposición a tocar los intereses que deben tocarse para que la vivienda sea un derecho”, y recordó que muchas de las medidas pactadas siguen pendientes de ejecución.

El dirigente de los Comuns mencionó, además de la vivienda, la sanidad, la educación y las infraestructuras, especialmente Rodalies, como temas clave del debate. Sobre el Plan 50.000, que prevé la construcción de 50.000 viviendas protegidas hasta 2030, Pisarello lo calificó como una medida relevante, pero no suficiente: “No es ni la única medida, ni necesariamente la más importante, porque hay muchas medidas urgentes sobre la mesa”, advirtió. Reclamó al president que “ponga dos marchas más” en la lucha contra la emergencia habitacional, con sanciones a los grandes tenedores y topes a los precios del alquiler, y recordó que Illa mantiene “un canal directo” con Pedro Sánchez que debería servir para “acelerar las políticas en este ámbito”.

ERC, presión fiscal y financiación singular

ERC acudirá al debate con la exigencia de concreciones en materia de financiación. Los republicanos insisten en la letra pequeña del modelo fiscal, que incluye la recaudación del IRPF, y en que los compromisos del pacto con el PSOE se cumplan también en la resolución del conflicto político, el salario mínimo y otros asuntos sociales. Pese a que la Generalitat ha aprobado el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña, los republicanos advierten de que no negociarán los presupuestos sin resultados tangibles en la mesa bilateral.

En paralelo, el Govern pretende exhibir los avances conseguidos en su primer año. Fuentes de Palau destacan que la mayoría progresista sigue siendo “sólida”, más allá de discrepancias “perimetradas” como el aeropuerto del Prat o el grado de exigencia hacia el Gobierno central. Recuerdan que la alianza de la investidura ha permitido sacar adelante medidas como el decreto de los cámpings o el refuerzo de la agencia tributaria catalana, y confían en mantener la legislatura.

Junts busca recuperar protagonismo

Junts, hasta ahora con un papel secundario en la cámara catalana, intentará aprovechar las dificultades de Illa para proyectarse como una alternativa sólida. Su objetivo es vincular lo que ocurra en el Parlament con la estabilidad del PSOE en el Congreso. Si Pedro Sánchez no alinea a Illa con los preceptos del Acuerdo de Bruselas, los de Carles Puigdemont amenazan con romper con los socialistas en Madrid. Junts exige que las votaciones del PSC en el Parlament vayan en sintonía con los compromisos adquiridos con Sánchez.

En materia de financiación, los juntaires insisten en que sólo el “concierto económico” es un modelo aceptable. En la resolución que presentarán en el debate, abogan por la “plena soberanía fiscal y normativa” sobre todos los impuestos recaudados en Cataluña y una “aportación solidaria” para los servicios estatales, planteamientos ya contenidos en el Acuerdo de Bruselas.

El PP pide un “giro revolucionario”

Por su parte, el PP catalán llega al debate decidido a marcar un perfil nítido en la oposición. Su portavoz en el Parlament, Juan Fernández, ha defendido la necesidad de “un giro revolucionario para que Catalua despegue”, basado en “bajar los impuestos, un apoyo real a los autónomos, una educación exigente y de calidad y una sanidad sin listas de espera”.

Fernández considera que el Govern de Illa está “agotado, que no gobierna, ni reforma, ni mejora, ni afronta los problemas reales de los catalanes”. Por eso, forzará al president a definirse: “La ciudadanía tiene derecho a saber si Salvador Illa está hoy más cerca de Puigdemont o de la Constitución. Si Salvador Illa está hoy más por la amistad política con Junqueras o por la lealtad con el resto de España”, advirtió.