Illa, sobre los pagos indebidos en la DGAIA: “Quizá los procesos no han sido los más adecuados”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconocido esta mañana en el Parlament que los procesos de la dirección general d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) en los pagos a jóvenes tutelados y extutelados, "quizá no han sido los más adecuados". Así lo ha expresado en respuesta a una pregunta parlamentaria del líder de Vox en el hemiciclo, Ignacio Garriga, que ha acusado al Govern de convertir el departamento en el de "desfalcos sociales".

El presidente del Govern también ha asegurado que "no ha habido malversación", y ha añadido que el ejecutivo está "analizando el informe". "Son políticas complejas", ha argumentado Illa.

Hoy hace una semana que la Sindicatura de Comptes presentó un nuevo informe en el que se recogían pagos indebidos de la dirección general d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), en la prestación de ayudas económicas a jóvenes tutelados y extutelados. El total de los pagos irregulares sumaba, según la Sindicatura, 167 millones de euros. En la primera sesión de control al Govern en el Parlament de Cataluña desde que se destapó el caso, algunos grupos parlamentarios han preguntado al respecto a Illa, y a otros consellers.

El informe de la Sindicatura

El último informe de la Sindicatura de Comptes publicado hace una semana es demoledor. Detecta "al menos 167,56 millones de euros pagados indebidamente" por parte de la conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat a beneficiarios de distintas prestaciones sociales de 2016 a 2024.

Concretamente, el informe publicado por la Sindicatura señala que se pagaron 70,6 millones en prestaciones de dependencia, otros 43,78 en pensiones no contributivas y 36,15 en renta garantizada de ciudadanía. Del total, la Sindicatura de Comptes advierte que 7,17 millones pertenecen a casos ya prescritos de los que no se puede tramitar la devolución, y 4,7 millones son prestaciones de la DGAIA a jóvenes extutelados que no se deberían haber abonado desde 2019 hasta 2022.

El informe argumenta que los casos que han podido incurrir en incompatibilidades y en un volumen elevado de pagos indebidos pueden achacarse a una "falta de seguimiento y controles eficaces". En este sentido, la Sindicatura explica que el tratamiento de los casos de pagos indebidos representa "una carga administrativa importante" y entiende que no se ha fomentado una cultura de "regularidad y transparencia" en las actividades financiadas con fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos.

La Sindicatura destaca también en su informe "importantes debilidades" que afectan a la eficacia y eficiencia en la gestión de las prestaciones públicas, y subraya que existe riesgo de conflicto de intereses en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas.