Los otros Daniel Sancho: catalanes en cárceles extranjeras

El mediático caso de Daniel Sancho en Tailandia ha hecho nuestro foco en una realidad sobre la que no solemos mirar si no tiene consecuencias políticas, como es la de aquellos que han acabado en cárceles en el extranjero.

Si queremos saber cuántos catalanes permanecen entre rejas más allá de nuestras fronteras, ese dato no lo encontraremos en conselleria alguna de la Generalitat. Según el Govern estamos hablando de algo que es responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, en su artículo cinco es muy claro en este aspecto: «La Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán especial atención a aquellos que se encuentren en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o cadena perpetua, así como a la ciudadanía española que haya sido víctima de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política».

Para saber cuántos catalanes hay actualmente en cárceles extranjeras tenemos que preguntar a una institución que desde hace tiempo se dedica a atender a españoles encarcelados en el exterior. Es la Fundación +34. Gracias a los datos facilitados a este diario por su director, Javier Casado, sabemos que en estos momentos hay 97 catalanes en cárceles de todo el mundo: 74 hombres y 23 mujeres.

La mayoría de quienes han acabado en prisiones lo han hecho, según explica Casado, por delitos relacionados con el tráfico de drogas. «Muchos de ellos han sido mulas. Algunos son transportistas que pensaban que podían obtener un dinero fácil llevando drogas ocultas debajo de una caja de fresas en el camión, pero fueron descubiertos, en algunos casos en la frontera francesa», según cuenta Casado. Eso es lo que explica que sea en Francia y en Italia donde estén encerrados más catalanes, doce y once personas, respectivamente.

Hay casos que sí han trascendido a los medios. Probablemente el más conocido de todos es el de la joven Fátima Ofkir, de L’Hospitalet de Llobregat, quien desde hace cinco años permanece en una celda en Omán tras haber sido detenida con siete kilos de morfina en el hotel de esta ciudad. La justicia omaní la condenó a cadena perpetua tras un juicio que fue calificado por su abogada como «irregular». Desde entonces, Fátima lucha por poder cumplir la condena en suelo español, aunque sin suerte alguna, especialmente porque en la actualidad no hay convenios bilaterales y de detenidos con ese lejano país. Para las autoridades de Omán, la catalana pertenencia a una banda internacional. Además de ella, hay otro catalán allí. Los dos tienen que esperar a que el sultán omaní los indulte.

Hay otras cárceles también difíciles para los catalanes, además de la de Omán, como son las de Colombia, Brasil, Marruecos o Paraguay. Donde no hay por fortuna nadie procedente de Cataluña es en las prisiones japonesas, en palabras de Casado, las peores del mundo por su maltrato psicológico hacia los condenados.

La Fundación + 34 trata de ayudar a estas personas, facilitándoles medicamentos y apoyo. De este trabajo solidarios están excluidos aquellos condenados por delitos de sangre y sexuales. Por ello, por ejemplo, no forma parte de estas ayudas un catalán que está entre rejas en Tailandia. Se llama Artur Segarra y su nombre ocupó no pocos titulares, por los delitos de asesinato y descuartizamiento de su compatriota David Bernat en 2016, un suceso que guarda cierta similitud con el caso del español Daniel Sancho. Condenado en un primer momento a pena de muerte, la sentencia fue finalmente conmutada por la de cadena perpetua. Segarra que vivía en Tailandia para eludir a la justicia española por delitos vinculados a una trama de estafas, secuestró, torturó, asesinó, desmembró y se deshizo del cadáver de Bernat en enero de 2016 en la capital tailandesa.

No deja de ser curioso que la fundación cuente hoy con el respaldo de numerosos gobiernos, como los de la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana o la Junta de Andalucía, entre otras instituciones. La Generalitat de Cataluña sigue siendo, en este sentido, una excepción.

Y un dato para la reflexión: de los 97 catalanes presos, hay 29 que no quieren ser comunicados, no quieren que se sepa que han acabado encarcelados fuera.