El Parlament de Cataluña celebra esta semana un pleno inédito para debatir y votar los llamados presupuestos de carbono, una herramienta que fija el límite máximo de gases de efecto invernadero que un territorio puede emitir en un periodo determinado. Si la propuesta del Govern sale adelante, Cataluña se convertiría en una de las primeras regiones del mundo en dotarse de este instrumento, exigido ya en la ley catalana de cambio climático de 2017 pero todavía pendiente de desarrollo práctico.

El documento, presentado el pasado verano por el ejecutivo catalán y remitido a la Cámara, establece los objetivos límite de emisiones y define cuántas toneladas de CO₂ pueden emitirse en sectores clave como energía, industria, transporte, residuos o agricultura. El pleno monográfico arranca este miércoles con la intervención de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y de un representante del Comité de Expertos en Cambio Climático (CECC). Después, los grupos parlamentarios podrán plantear propuestas de resolución que se votarán el jueves.

Uno de los puntos de fricción será la diferencia entre las recomendaciones científicas y el planteamiento del Govern. Mientras el comité técnico defendía una reducción drástica del 42% de emisiones para 2030, con recortes sostenidos del 8% anual y medidas más duras en transporte, industria y agricultura, el Govern propone una senda más gradual: un 31% de reducción en cinco años, alineado con el objetivo europeo del 29% dentro de la meta comunitaria del 55% en 2030. “No podemos hacer una propuesta traumática para la economía”, han explicado desde la conselleria, insistiendo en que sectores como el transporte o determinadas actividades industriales no podrían asumir ajustes tan bruscos a corto plazo.

Los científicos, sin embargo, alertan de que no se puede posponer el freno a las emisiones. La presidenta del CECC, Marta Torres, ha recordado que si Cataluña quiere situarse “entre las regiones más avanzadas del mundo” en materia climática, debe actuar de forma inmediata y asumir cambios profundos, especialmente en transporte —reducción de vuelos y apuesta clara por el ferrocarril—, en industria intensiva, en el uso del suelo y en el modelo energético.

Los presupuestos contemplan objetivos sectoriales detallados. En industria, se plantea una reducción del 51% respecto a 1990 y un recorte del 8,75% respecto a 2023, con especial presión sobre las actividades más contaminantes sujetas al mercado europeo de derechos de emisión. El Govern promete ayudas a pymes para acelerar su transición energética. En energía, el recorte previsto también es del 51%, cumpliendo las metas fijadas en el PROENCAT. En materia de residuos, los objetivos son incluso más ambiciosos que los reclamados por los expertos, impulsando medidas para generar biometano en vertederos.

Uno de los aspectos más polémicos será el transporte, sobre todo por su relación con la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Preguntada por esta cuestión, Paneque ha garantizado que los estudios con los que trabaja la conselleria ya incorporan un objetivo de reducción de emisiones y que los presupuestos de carbono “son compatibles” con el proyecto a través de mejoras operativas en pistas y tierra. Esta visión, no obstante, choca con la postura de los expertos, que recomiendan recortes mucho más estrictos en vuelos y movilidad aérea.

Paneque sostiene que la propuesta del Govern “recoge los objetivos posibles a la hora de acotar estas emisiones” y asegura que el documento se ha trabajado “técnicamente” y con diálogo con el CECC y con los sectores implicados. “El Govern ha aprobado su propuesta y ahora el Parlament puede incidir o modificarla”, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.