Los testigos confirman los presupuestos falsos que ordenaba Laura Borràs

Se estrecha el cerco en torno a Laura Borràs. La presidenta de Junts sigue entre la espada y la pared en el juicio por corrupción al que se enfrenta acusada de prevaricación y falsedad documental y por el que la Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación. Tras las convulsas confesiones del ex informático Isaías Herrero y el empresario Andreu Pujol, quienes incriminaron directamente a la posconvergente, ayer varios testimonios confirmaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la existencia de los presupuestos falsos que Borràs y Herrero ideaban para luego adjudicar a dedo varios contratos públicos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

«No lo reconozco. La verdad es que estoy alucinado. Estoy impresionado de que esto esté aquí, me sorprende totalmente», aseguró ayer uno de los testigos ante en juicio cuando la fiscal le mostró un presupuesto a su nombre, con su NIF, la dirección, el correo electrónico y el móvil, pero con un teléfono fijo distinto.

El testigo, que reconoció sus datos en tres presupuestos distintos, es un profesor que formaba parte del grupo de investigación Hermeneia de Borràs. De hecho, el docente mostró sus sospechas de que la información pueda haberse extraído de la base de datos del grupo.

El cuñado de Isaías Herrero, otro testigo en el juicio, también reconoció sus datos en cinco presupuestos de la ILC que no hizo, y en su caso explicó que el acusado le propuso usar su nombre pero él dijo que no podía hacerlo porque no es autónomo. Cabe recordar que al iniciar su declaración como acusado, Herrero explicó que entre 2013 y 2018 ambos elaboraban unos presupuestos «comparsa», que acompañaban al principal para facilitar el fraccionamiento de contratos y la adjudicación posterior a dedo. En concreto y según el ex informático, ambos troceaban los contratos para que no superasen los 18.000 euros, el mínimo importe establecido por ley para adjudicarlos de forma directa y no tener que pasar por un concurso público.

«Debíamos dividir el trabajo en varios contratos que no superasen los 18.000 euros y tenían aportarse tres contratos: dos debían acompañar a uno que sabíamos que se aceptaría», confesó el ex colaborador de Borràs. Como señala la Fiscalía, el protocolo de la Generalitat establecía que en los contratos de cuantías superiores a 3.000 euros era necesario adjuntar documentación justificativa de tres presupuestos, de los que debía escogerse al más ventajoso, y que no todas las adjudicaciones debían concederse al mismo proveedor. En total, Herrero facturó hasta 18 contratos troceados, con un coste de algo más de 335.000 euros en total, para evitar realizar un concurso público.

También se supo ayer en el juicio que un ex trabajador del departamento de Cultura de la Generalitat se negó a avalar el pago de una factura por uno de los trabajos de creación de la web de la ILC en la etapa de Borràs porque ni lo reconocía ni lo había autorizado, como entendía que era preceptivo.En este sentido, detalló que en octubre el 2011 se aprobó un acuerdo del Govern para coordinar todos los departamentos y entes públicos de la Generalitat con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) en materia informática.

Según el testigo, el «camino habitual» para crear la web de la ILC habría sido formular una petición a la consejería de Cultura –lo que no se hizo, precisó– y tramitar luego el proyecto ante la Dirección General de Atención Ciudadana de la Generalitat, con el fin de obtener su autorización.

Borràs, aún más contra las cuerdas, declarará semana que viene.