El TSJC anula parte del documento de gestión escolar y frena la imposición del catalán como lengua exclusiva

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB) ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula varios preceptos del documento de gestión del curso 2025-2026 aprobado por el Departament de Educación. La resolución, emitida este viernes y hecha pública por la entidad este sábado, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación y, según afirma la AEB, «refuerza el modelo de conjunción lingüística y frena los intentos de imposición del catalán como única lengua de uso».

Según detalla la entidad, los apartados suprimidos del documento pretendían «imponer el catalán como única lengua de cohesión social, cultural y comunitaria, configurando un modelo escolar excluyente, contrario a los derechos fundamentales y ajeno al pluralismo lingüístico». La sentencia del TSJC, de 14 de noviembre de 2025, constituye, a juicio de la AEB, un revés significativo para quienes buscan que los centros educativos «sean espacios en los que el catalán sea la única lengua docente y de comunicación».

La AEB destaca que el tribunal realiza una «crítica contundente» a la idea de presentar el catalán como lengua exclusiva de cohesión social. Según recoge la resolución, esta pretensión vulnera los derechos fundamentales al promover una identidad lingüística uniforme que no refleja la realidad social de Cataluña. El TSJC subraya que el castellano es parte indiscutible del patrimonio cultural compartido y del entramado de convivencia del país. En este sentido, el Tribunal critica especialmente que se vincule la cohesión del alumnado al uso exclusivo del catalán, «excluyendo el empleo del castellano y, nuevamente, vinculando la lengua oficial del Estado a una mera obligación académica, que no contribuye a la formación de una sociedad que comparta los mismos valores».

La sentencia también introduce matices relevantes respecto a la consideración del catalán como “lengua base” del sistema educativo. Aunque mantiene esta calificación, la resolución la atenúa de manera esencial al recordar la prohibición expresa de excluir el castellano como lengua vehicular. Asimismo, obliga a los centros a incluir explícitamente el castellano en sus proyectos lingüísticos, lo que implicará revisar aquellos que lo han relegado o invisibilizado. Según la AEB, este punto reafirma el equilibrio lingüístico consolidado previamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que establece que «el hecho de que la lengua base sea el catalán o el aranés no es obstáculo para que se emplee el castellano».

Otro de los aspectos destacados por la AEB es el impacto de la sentencia en la figura del coordinador lingüístico, que, según la entidad, había actuado de facto como un «comisario lingüístico» encargado de promover e imponer el uso del catalán en todos los ámbitos del centro educativo. Al anularse los preceptos que sustentaban estas funciones, quedan sin cobertura jurídica diversas iniciativas y prácticas que, según la AEB, ejercían presión sobre docentes, alumnos y personal externo para limitar o evitar el uso del castellano. Entre ellas sitúan los proyectos ULAE y «mecanismos de control y acoso lingüístico» hacia profesores que utilizan esta lengua.

La resolución, según afirma la AEB, deja claro que «nadie puede ser obligado a utilizar exclusivamente el catalán en un centro educativo, y que la convivencia escolar debe basarse en el respeto a las dos lenguas oficiales». La entidad sostiene que la sentencia restaura los principios de neutralidad y equilibrio lingüístico que deben regir el sistema educativo catalán y corrige «la imposición del catalán como única lengua cohesionadora».

En consecuencia, la AEB exige al Departament de Educación que garantice la aplicación íntegra de la sentencia y adopte medidas inmediatas para ajustar las instrucciones vigentes «a la legalidad constitucional». Entre las demandas concretas figuran la prohibición expresa de que coordinadores lingüísticos o equipos directivos promuevan prácticas que excluyan el castellano y la garantía de que «ninguna familia, docente o alumno sea presionado por utilizar cualquiera de las lenguas oficiales».

La organización solicitará también una reunión con la consellera de Educación para conocer «las medidas que se van a adoptar para ejecutar la sentencia». Para la entidad, el fallo del TSJC constituye un recordatorio inequívoco: la exclusión del castellano «es inconstitucional y no puede formar parte del proyecto educativo de los centros públicos de Cataluña».