En España funcionan hoy 17 trasvases. La llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno impidió que ahora mismo estuviera en funcionamiento uno más. El 18 de junio de 2004 se publicó la derogación del trasvase del Ebro. Se cumplía así uno de los principales compromisos electorales del PSOE y, especialmente, uno de los caballos de batalla de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Los 350 hectómetros cúbicos que llegarían a través de este trasvase se sustituirían mediante medidas, según argumentó el Gobierno, menos agresivas con el medio ambiente, menos polémicas y sobre todo, más rápidas.

El proyecto del trasvase estaba hecho, la declaración de impacto aprobada, por lo que la fase de planificación, que suele ser incluso más larga que la propia construcción cuando se habla de una infraestructura de tal complejidad, estaba concluida.

Sin embargo, la obra civil apenas estaba comenzada, por lo que su paralización fue rápida y todavía reversible.

En el eje central de esta estrategia Narbona puso las plantas desalinizadoras en el centro de la estrategia de un plan denominado AGUA.

La derogación de este trasvase propició el camino para poner en cuestión otros proyectos de transferencia. En la Comunitat Valenciana se siguió adelante con la ejecución del trasvase Júcar- Vinalopó, no sin pocos inconvenientes y con infraestructuras, como el postrasvase, que todavía están por concluir.

Pero sin duda, en los últimos años, el protagonista de todos los enfrentamientos políticos es el trasvase del Tajo- Segura. Paradójicamente, aquellos que iban a recibir el trasvase del Ebro son las zonas más dependientes del Tajo- Segura. El sur de Alicante y la Región de Murcia dependen del agua que llega desde Castilla- La Mancha, pero el Ministerio de Transición Ecológica ha dado luz verde a un plan del Tajo que amenaza con reducir entre 100 y 150 metros cúbicos la transferencia anual.

El plan está recurrido a los tribunales, tanto por aquellos que están a favor, como por los que están en contra. Desde del Gobierno de la Región de Murcia esperan el pronunciamiento del Tribunal Supremo al plan de cuenca.