Zaplana niega que las sociedades investigadas en Erial sean suyas

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana, afirmó este lunes, tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al llamado caso Erial en el que se encuentra investigado por presunta malversación y prevaricación, que ni las sociedades investigadas son suyas ni se ha beneficiado de ninguna de las transferencias realizadas.

Zaplana se refirió así al último informe de la Guardia Civil, conocido la pasada semana tras levantarse el secreto de sumario, que concluye que él ocupó un «plano de jerarquía superior» en la trama de las ITV y del Plan Eólico, que obtuvo 11.209.028 euros en comisiones ilegales, y fue uno de los «beneficiarios económicos de los activos».

«Como comprenderán, mi principal atención se centra en mi defensa jurídica», dijo a Europa Press, al tiempo que agregó: «Solo les diré que, una vez levantado el secreto y conocido el resultado de las comisiones rogatorias, ninguna de las sociedades citadas son mías, ni he tenido ningún poder sobre las mismas, igual que las cuentas investigadas. Ni son mías ni he sido beneficiario de ninguna de las transferencias que desde las mismas se han realizado».

Así mismo, resaltó que del último informe de la UCO «tampoco se acredita ninguna irregularidad en mi responsabilidad al frente de la Generalitat Valenciana. Comprenderán que lo que tenga que decir sea en sede judicial», insistió.

En el caso Erial se investigan una serie de comisiones aparentemente desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV -realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana en la Generalitat- y del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en 2003, «todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa», de la familia Cotino, según la investigación llevada a cabo por la UCO.

El exministro en la época de José María Aznar acudió este lunes a dependencias judiciales a firmar tras ordenarlo hace un año el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia. El «expresidente» estuvo en prisión preventiva tras destaparse el supuesto fraude pero quedó en libertad provisional -bajo medidas cautelares- tras asegurar el órgano instructor seis millones de euros en Suiza, a la espera del desarrollo de la investigación.