Trabajadores precarios y menores sin acceso a las clases online, las víctimas sociales de la covid-19

Las víctimas sociales del coronavirus son trabajadores afectados por un Erte, los que han perdido su empleo y los menores a los que no les han llegado los medios tecnológicos para seguir las clases de manera telemática.

Cáritas Valencia ha realizado hoy el balance de atenciones del pasado año y ha incluido un primer análisis de las consecuencias producidas tras la declaración del estado de alarma.

La secretaria general de Cáritas Diocesana de Valencia, Fani Raga, ha explicado que esta institución atendió a 11.528 familias a lo largo de los meses de confinamiento, muchas de las cuales, concretamente un 32 por ciento de ellas, no habían solicitado ayuda con anterioridad a la pandemia. Además, los beneficiarios de estos meses supone un 23 por ciento de los que muestra la Memoria de 2019, para todo el año (49 523).

El perfil de este nuevo usuario son personas que han perdido su trabajo, afectados por Erte y aquellos que tienen empleos no formales, como por ejemplo, los que se dedican a la venta ambulante, de chatarra o desempeñan trabajos domésticos no declarados.

Además, Cáritas Valencia ha tenido que prestar servicio a los menores afectados por la brecha digital, aquellos que no contaban con medios materiales para seguir las clases de manera telemática.

Raga insiste en que las personas vulnerables no logran salir de la pobreza. Se trata de una tendencia que se verá agravada por la pandemia, pero que ya se puede observar en el análisis del pasado año. “Tener trabajo no es una garantía, hay personas con empleo que están en el umbral de la pobreza”.

Así, los principales demandantes de ayuda han sido las familias con hijos (76,9 por ciento); personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE (59,4 por ciento); persona extranjera en situación administrativa irregular (54,6 por ciento); mujer sola con hijos (42,4 ).

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Valencia, Ignacio Grande, ha mostrado su preocupación por las personas que ya integraban la denominada sociedad frágil, «esas familias van a requerir mucha atención durante mucho tiempo debido a su situación previa y posterior a esta crisis sanitaria; así como por la sociedad insegura: familias que han pasado de la vulnerabilidad a la exclusión, cuya situación tras la pandemia no ha hecho sino empeorar, debido a la inestabilidad que ya padecían antes de esta crisis».

Ha recordado que antes de esta crisis, el 40 por ciento de los hogares valencianos no podían hacer frente a los gastos imprevistos. “Viven en el filo de la navaja. No han podido generar un colchón y ahora han perdido sus empleos”.

También ha remarcado que la brecha digital ha afectado al ritmo académico y que las diferencias entre los más pobres y los más ricos han aumentado. “Los que más tienen han aumentado sus ingresos un 3,6 por ciento y los que menos tienen los han disminuido un 11.5 por ciento”.

Los irregulares, sin ingreso mínimo vital

Los que se encuentran en situación irregular continúan siendo los más desfavorecidos. “Tener una condición administrativa irregular es un factor clave de exclusión”. Además, desde Cáritas advierte de que los extranjeros- que representan el 60 por ciento de los beneficiarios- no tienen acceso ni a la renta valenciana de la inclusión si no pueden empadronarse y tampoco han sido incluidos como demandantes del ingreso mínimo vital.

Grande ha insistido también en que para gestionar estos subsidios es necesario reforzar los servicios municipales. “Nos preocupa que se produzca un fuerte aumento de la demanda, hay que dar una respuesta ágil y no generar listas de espera”.