Cómo una comunidad de vecinos logró vencer en los tribunales a una operadora de telefonía

Orange amplió sin permiso una estación en Puerto de Sagunto. La Audiencia constata el abuso y le obliga a desmontarla

La Justicia ha dado la razón a una comunidad de propietarios del Puerto de Sagunto (Valencia) que decidió plantarle cara a la compañía de telefonía móvil Orange.

Como ocurre en cientos de azoteas, la operadora firmó con los vecinos un contrato en 1999 para instalar una estación de telefonía móvil. Acordaron que ocuparía 15 metros cuadrados de superficie, pero con el tiempo acabó ampliándolo al doble.

Los vecinos sospechaban algo. Operarios subiendo y bajando con frecuencia, el armario inicial se había convertido en una caseta... y las preguntas de siempre, ¿cómo exigir sus derechos?, ¿cómo descubrir un más que probable abuso?

Las respuestas se las dio Solitel, una empresa valenciana que se dedica a descubrir este tipo de prácticas y que lleva de cabeza a las operadoras.

El gerente de esta compañía, Francisco Niederleytner, constató en un informe que la operadora había incumplido las condiciones. Es más, descubrió que Orange había subarrendado la estación a Vodafone y Movistar. Es decir, una pagaba y tres operadoras hacían negocio.

Descubierta la trampa, ofrecieron un aumento de renta a la comunidad. Sin embargo, los vecinos decidieron que no querían más dinero, sino que Orange se ajustase a las condiciones del contrato.

La operadora se negó y acabaron en los tribunales. El caso llegó a la Audiencia de Valencia, defendido por la letrada Rosa Ana Sevilla, donde los vecinos volvieron a derrotar- ya lo hicieron en diciembre de 2019- a la compañía telefónica.

A Orange solo le quedaba ya el recurso ante el Tribunal Supremo, pero no ha ejercido este derecho. Por tanto, debe desmontar todos los aparatos que trató de colar en esta azotea y además, pagar las costas.

Mejorar el servicio

La operadora basó su recurso alegando que el informe de Solitel había sido solicitado por el demandante. La Audiencia de Valencia no acepta que haya falta de parcialidad en el documento elaborado por la compañía valenciana e incide en que, tanto en este informe como en el encargado por Orange, se confirma un exceso de la ocupación con respecto a lo pactado. «La diferencia es de apenas dos metros cuadrados». También rechaza el argumento de la operadora que defiende que los aparatos incorporados en los años posteriores se deben a los avances de la telefonía móvil.

La sentencia concluye que el contrato hay que cumplirlo y cualquier cambio debe ser notificado.