El juez procesa al expresidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, por los enchufes de Divalterra

El juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha dictado el auto de procedimiento abreviado por el que procesa al que fuera presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y quince personas más, en su mayoría asesores y altos cargos tanto de Compromís como del PSPV. Se les imputa los delitos continuados de malversación de caudales públicos y de prevaricación, por la contratación “ficticia” de altos cargos, entre amigos y personas relacionadas con ambas formaciones políticas, sin tener capacidad para el desempeño de las funciones, y sin que fuera necesario la condición de alto cargo para desempeñarla.

La trama de contrataciones irregulares y enchufes habría supuesto un quebranto económico para la empresa Imelsa (luego Divalterra) de 1.122.000 euros.

Cabe recordar que el cambio de nombre de Imelsa a Divalterra, se presentó en su día en la Diputación de Valencia como un borrón y cuenta nueva de la presunta corrupción de la empres Imelsa con la contratación de los denominados “zombis”, causa que aún está en instrucción en el Juzgado 18 de Valencia. Pues bien, lo que venía a limpiar la Diputación hicieron lo mismo o peor.

Además del a Jorge Rodríguez, el juez imputa a Ricardo Gallego, Jorge Espirindo Cuerda, Manuel Reguart, Vicent Xavier Simón, Agustina Brines, Pau Pérez Lledó, José Luis Melero, María Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenia, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller. Exonera el auto a Vicente Ferrando.

Considera su señoría que “se ha infringido, presuntamente, este ejercicio de legalidad y mandato, en la cabal y correcta aplicación de los fondos públicos encomendados a las autoridades o funcionarios públicos, al haberse producido una contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa, de siete altos directivos más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018, sin observar, presuntamente también con conocimiento y voluntad de ello, las normas aplicables a estas contrataciones, y sin que las personas contratadas bajo tal modalidad de alto directivo, hubieran ejercido nunca como tales”.

Continua el juez que el proceder en la contratación fue “ficticio, simulado, fuera de la realidad normativa en definitiva, persiguiendo otras finalidades y sin que resulten motivos suficientes para las contrataciones”.

El auto valora el quebranto económico en más de un millón de euros y explica que se produjo “a consecuencia de ello, un presunto desvío y con ello malversación de caudales en favor de unos particulares, y más aún, y presuntamente por puros intereses de índole partidista, en ese reparto de cargos entre los dos partidos en el poder, PSOE y Compromís. Presunta malversación que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros”.

Sabían que estaban delinquiendo

Pero el auto va más allá y considera que todos los imputados sabían que no estaban obrando conforme a ley ya que “con la intervención de los gerentes de la empresa, los señores Tiller (PSPV) y Brines (Compromís), y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio Presidente de la Diputación Provincial de Valencia y Presidente del Consejo de Administración de Imelsa , luego Divalterra, señor Rodríguez y su equipo mas cercano, el señor Cuerda, presunto director de facto de la empresa, y los señores Reguart y Gallego. En suma todos ellos con presunto concierto de voluntad, de un plan premeditado, ya desde la primera reunión del nuevo equipo de gobierno nacido de las urnas en las elecciones locales el mes de Julio de 2015, para ir preparando nombramientos de altos directivos, simulados, obedeciendo no precisamente a criterios empresariales. Conocedores todos ellos de su ilegalidad. Por ser claramente aplicables a tales contrataciones, las normas ya reflejadas en el dictamen de la Agencia Tributaria”.

Ahora, tanto las acusaciones como las defensas deben pedir el inicio del juicio o el archivo de la causa, y contra la resolución del juez cabe recurso de reforma ante el juzgado o de apelación ante la Audiencia, si bien, este órgano superior se ha ido dándole la razón al juez instructor en los distintos recursos que se han presentado durante la instrucción de la causa.