Antifraude pone la lupa en la promoción de tres funcionarios en la Diputación de Valencia

La Agencia Valenciana Antifraude publicó ayer diez resoluciones de los expedientes cerrados durante el mes marzo. A los contratos menores, donde vuelve a advertir alAyuntamiento de Valencia sobre el mal uso de esta práctica, se añade las dudas sobre los procesos selectivos en varios consistorios y también, de nuevo, en la Diputación de Valencia.

La denuncia que supuso la apertura del expediente afirmaba que la corporación provincial había promovido una «serie de actos y acuerdos para propiciar que el nombramiento definitivo y en propiedad de los puestos de interventor, viceintervención y tesorero recayesen en funcionarios elegidos previamente».

El procedimiento, según recoge esta resolución, consistía en «allanar» el camino con comisiones de servicio «prorrogadas de manera supuestamente irregular» para aprobar luego unos baremos de méritos «que solo esos funcionarios podían cumplir».

Además de la Diputación de Valencia, en este trasvase de funcionarios, el denunciante implica al Ayuntamiento de Sueca y al de Paterna. Sobre este último, apunta a que se emitió un informe desfavorable con respecto a la prórroga de las comisiones de servicios.

La Agencia Antifraude constató que los hechos eran verídicos y abrió un expediente para investigarlos implicando también a la dirección general de la Administración Local de la Generalitat valenciana.

Este organismo considera que las prórrogas de seis meses concedidas a estos funcionarios durante tres meses no están contempladas en la ley de la Función Pública Valenciana de 2010.

Antifraude ha dejado de investigar el caso de Sueca porque ya está siendo investigado por un juzgado, pero sí pide a la dirección general de la Administración Local que deje claras cuáles son las reglas del juego.

Solicita que elabore una circular relativa al régimen jurídico de las comisiones de servicio para «evitar situaciones de inseguridad jurídica».

Este asunto que preocupa sobremanera a la Agencia Antifraude. Su director, Joan Llinares, ya puso el acento sobre estas prácticas durante la presentación de la memoria de 2020 y alertó de que estos procedimientos deben ser totalmente transparentes para garantizar la imparcialidad de los funcionarios que, como servidores públicos, no deben tener deudas con los políticos.