La Agencia Antifraude vuelve a cuestionar al Ayuntamiento de Valencia

La Agencia Antifraude ha vuelto a poner en duda otro procedimiento ejecutado por el Ayuntamiento de Valencia. Las subvenciones públicas concedidas sin concurso previo a Escola Valenciana, el fraccionamiento de los contratos de jardines, los de la reforma de la plaza del Ayuntamiento o los del servicio de comedor de los centros ocupacionales son algunas de las cuestiones sobre las que este organismo ha investigado al consistorio.

Ahora ha abierto una investigación por el cobro de sobresueldos de ocho concejales de Compromís, PSOE y Podemos. En total, se cobraron de las arcas municipales 772.000 euros en sobresueldos durante la legislatura pasada de 2015 a 2019. La investigación se centra en cinco concejales de Compromís, tres del PSOE y dos de Podemos.

Los concejales de Compromís que cobraron los sobresueldos son el actual vicealcalde Sergio Campillo, Consuelo Castillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano y Gloria Tello; del PSOE la vicealcaldesa Sandra Gómez, Anais Meguzato, actual gerente de FGV, y Vicent Sarrià, diputado del PSOE; y de Podemos Neus Fabregas y María Oliver, asesora del vicepresidente Dalmau.

Se investiga si los diez concejales, para eludir la ley Montoro, se fijaron un complemento de 25.000 euros al año y así poder cobrar el mismo sueldo que un concejal con dedicación exclusiva. Este complemento es el que ahora investiga la Agencia Valenciana Antifraude que dice que hay indicios razonables de veracidad de los hechos y por ello ha comunicado al Ayuntamiento que se abre una investigación.

Estos complementos habrían sido la forma de saltarse las limitaciones impuestas por el Gobierno a los sueldos públicos durante la crisis, que limitó el número de concejales con plena dedicación. El equipo de Gobierno liderado por Ribó y formado entonces por PSPV, Compromís y Podemos se sacó de la manga un «complemento de responsabilidad» que de facto suponía el abono de un 25 por ciento más del sueldo, lo que equiparaba a todos los ediles de gobierno con los de plena dedicación.

La Agencia Valenciana Antifraude ya requirió en junio de 2020 información sobre estos cobros presuntamente irregulares para verificar la veracidad de los hechos y ahora ha vuelto a reclamar más información una vez abierta la investigación, que había sido congelada dado que estaba en marcha otra investigación paralela, esta vez por parte de la Fiscalía, que ya ha sido archivada al no observarse ilícito penal.

Los sobresueldos dejaron de cobrarse al final de la pasada legislatura porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento advirtieron algo obvio: que dicho complemento era irregular.

Hace diez días, el PP denunciaba que la Agencia Valenciana Antifraude había urgido al Gobierno local de Joan Ribó que implementar medidas con celeridad para evitar fraccionamientos de contratos en el organismo municipal de parques y jardines que «han supuesto un riesgo real de fraude y corrupción».

Contratos «a dedo»

Los populares denunciaron que estas peticiones eran parte de las conclusiones de la investigación abierta por el fraccionamiento de 18 contratos por valor de 220.000 euros, y por las que Antifraude le da al consistorio un plazo de tres meses para tomar medidas que subsanen las irregularidades detectadas en la investigación.

A finales de 2020 este organismo también detectó un sobrecoste de 91.908 euros en la contratación del servicio de comedor de los Centros Ocupacionales Municipales Isabel de Villena, Grabador Planes y Juan de Garay, y pidió al Ayuntamiento de Valencia que «resarza al erario municipal para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos y las posibles responsabilidades que de ello se pudieran derivar. Así mismo deben depurarse las responsabilidades de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas».

La contratación ahora denunciada se hizo «a dedo» y «fuera de los procedimientos legalmente establecidos» entre los años 2017 y 2020.

A pesar de las advertencias, el Consistorio gobernado por Compromís y el PSPV no siempre hace caso a este organismo. Así ha ocurrido con las ayudas al valenciano concedidas a Escola Valenciana.

La Agencia Valenciana Antifraude penalizó al Ayuntamiento de Valencia por una subvención anual de 25.000 euros a Escola Valenciana para el fomento del valenciano, de manera directa y sin concurso previo que, además, se viene concediendo durante los últimos años. La investigación se abrió tras recibir una denuncia anónima a través del buzón de denuncias de esta agencia en la que se revela el «pago a un ‘cargo’ de Compromís a través de dicho convenio con Escola».

Para 2021, Ribó mantendrá esta subvención sin cambiar el procedimiento y por la misma cuantía.

Tras verificar la existencia de dicha ayuda, la Agencia verificó que el propio informe de la Intervención general del Ayuntamiento reconoce que «no se acreditan en el expediente las razones de interés público, social o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

La Intervención General del Ayuntamiento ha emitido un informe en el que advierte que en 2020 el Pleno y la Junta de Gobierno aprobaron 705 acuerdos y resoluciones en los que se omitió la fiscalización previa, un 25,4 por ciento más que en 2019, y por un importe superior a los 38 millones de euros.