Los “contratos a dedo”, el pecado capital de las Administraciones valencianas

La Agencia Valenciana Antifraude abrió durante 2020 un total de 226 expedientes, un 34′52 por ciento más en el año anterior. Las Administraciones más denunciadas fueron las municipales (el 64 por ciento), seguidas de las de la Generalitat (22 por ciento). Además, desde la puesta en marcha de este organismo se ha dado protección a 24 denunciantes.

La memoria de 2020 de este organismo coloca al Ayuntamiento de Valencia en el pódium de los Consistorios a los que este organismo ha tenido que investigar. Cinco expedientes en un año. La contratación del servicio de la grúa municipal, cuestión que todavía no ha resuelto, la del servicio de alimentación del Casal l’ Esplai de El Saler, el contrato de comedor de tres centros ocupaciones, la subvención de 25.000 euros a Escola Valenciana, que no ha modificado y la constitución de la bolsa de conductores de la EMT.

A estos casos hay que sumar la investigación abierta por lossobresueldos percibidos por varios concejales del PSPV, Compromís y Unides Podem, en la pasada legislatura. Un asunto que, según ha denunciado el director la Agencia Valenciana Antifraude sigue abierto pero que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, da por cerrado porque la Fiscalía no vio indicios de delito.

También la Diputación de Valencia ha dado mucho trabajo a la Agencia Antifraude. Además de la contratación de la responsable de Recursos Humanos de Divalterra, durante 2020 se le abrieron tres expedientes. Uno relacionado con la subvención concedida a la Federación de Municipios y Provincias para la constitución de la fundación Cical, otro por el fraccionamiento de contratos para el servicio de visitas guiadas del Muvim y otro por el proceso de selección para una plaza de ingeniero industrial en 2016.

Llinares ha remarcado que el procedimiento para designar a la jefa de Recursos Humanos de Divalterra fue el correcto y ha asegurado que no había motivos para tratar de paralizar el proceso “desde dentro de la propia empresa”.

También se han abierto expedientes a los Ayuntamientos de Paterna, Llíria, Godella, Alcoy, Sueca, Daya Nueva, Aldaia, Castellón de la Plana, Paiporta y Sueca. También se ha investigado al aeropuerto de Castellón y a la Conselleria de Justicia.

Llinares ha explicado que han dado traslado de contratos de “gran cuantía que se trocean en menores para eludir o burlar la obligatoriedad de hacer una licitación pública, pues han detectado “casos muy flagrantes” de esos fraccionamientos, en los que puede haber en principio prevaricación y quizá también malversación.

También se llevaron a los juzgados subvenciones en las que han detectado comportamientos “intencionados para beneficiar” a los receptores o “engaños” a la Administración en la justificación de las subvenciones.

Llinares ha insistido en que han detectado muchos ejemplos de pagos de facturas sin contrato porque cuando finalizan contratos no se vuelve a hacer una licitación y se sigue pagando una “especie de prórroga indefinida que a veces dura años”, y que hacen que las empresas tengan “cautivas” a las Administraciones.

En general, se trata de servicios esenciales que no se pueden dejar de prestar, como comedores sociales o escolares, o la grúa municipal, algo de lo que algunas empresas se aprovechan y meses después de la adjudicación piden mejoras con la amenaza de dejar el servicio y se le conceden, con lo que el concurso público “no ha servido para nada”. También ha advertido de que se controle la ejecución de los contratos para que no sean “un coladero de gasto descontrolado”.

Llinares se ha referido al “funcionariado cautivo, el que le debe el puesto a un político” porque no accedió a su puesto en condiciones de igualdad.

La pandemia como pretexto

En las conclusiones, la Agencia señala que la pandemia de coronavirus ha llevado a adoptar medidas “excepcionales” a través de subvenciones, ayudas y contrataciones de emergencia sin los principios de legalidad, eficacia y eficiencia, que han llevado a pagar precios muy superiores a los del mercado, por lo que pide mecanismos de prevención.

Asimismo, reclaman frenar el “abuso” de la figura de enriquecimiento injusto para pagar facturas sin el correspondiente contrato en vigor, una modalidad que ha aumentado en 2020 y perjudica a las arcas públicas al no comparar precios.