Divalterra, ¿por qué está otra vez en el punto de mira?

Divalterra se ha ganado ya un puesto entre las empresas salpicadas por casos de corrupción. Cambió de nombre y de caras para que se la dejase de relacionar con Imelsa, la empresa pública desde la que maniobraba Marcos Benavent, el «yonqui del dinero», el mismo que acabó con la carrera política del popular Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia.

Sin embargo, tres años después, la “nueva” Imelsa protagonizaba otro escándalo mayúsculo que volvía a llevarse por delante a otro presidente. Esta vez era el socialista Jorge Rodríguez que esta misma semana ha recurrido su procesamiento en el denominado «caso Alquería».

Todo esto ya es historia y aunque los tribunales todavía tienen mucho que decir, lo cierto es que en Divalterra se han vuelto a detectar movimientos poco acordes con prácticas ejemplares. Tanto es así que la Agencia Valenciana Antifraude ya estudia el proceso de selección de la nueva responsable de Recursos Humanos, o mejor dicho, por qué el presidente del Consejo de Administración, el diputado socialista Ramiro Rivera, trata de impedir que la persona seleccionada por el tribunal mantenga su puesto de trabajo.

La Agencia Valenciana Antifraude ha puesto en marcha el procedimiento de protección de testigos al mismo tiempo que investiga si se ha tratado de favorecer a otro de los candidatos y que quedó en segundo puesto.

La respuesta a qué ha ocurrido la acabarán determinando este organismo e incluso los tribunales, pero más allá de lo ocurra, la cuestión es por qué interesa tanto el control de Divalterra y, en esta ocasión en concreto, por qué parece evidente que hay tanto interés en la persona responsable de recursos humanos.

Es decir, que este puesto lo ostente una persona afín al presidente del Consejo de Administración, que a su vez pertenece al partido del equipo de Gobierno de la Diputación de Valencia, permite influir en la contratación de personal.

Divalterra tiene una plantilla de brigadistas forestales y ofrece a los ayuntamientos servicios de asistencia técnica y tecnológica de información territorial. En el presupuesto directo de la Diputación para este 2021 constan 5,1 millones de euros.

El expediente secreto

La ganadora de este proceso, Eugenia Fernández, sacó ocho puntos de ventaja al segundo candidato, José Fambuena, que recurrió el resultado. Hasta ahí podría considerarse normal si no fuera porque el presidente del Consejo de Administración, Ramiro Rivera, comunicó que suspendía este proceso después de que Fernández ya se hubiese incorporado a su puesto de trabajo. Alegó que así se solicitaba en el recurso y que contaba con un informe jurídico que avala su decisión.

Las alarmas volvieron a sonar entre los partidos de la oposición y también en sindicatos como el CSIF, que solicitaron el expediente. Sin embargo, el gerente de Divalterra, Antonio Más, contestó que no se podía entregar ninguna documentación si lo autorizaba el director jurídico, José Luis Vera, el mismo que redactó el informe jurídico alegado por Rivera.

CSIF también ha presentado un escrito ante el Consejo de Administración de Divalterra denunciando la negativa a entregar la documentación sobre el proceso advirtiendo que recurrirán a la vía judicial si se mantiene esta postura encaminando, una vez más, a Divalterra hacia los tribunales.