José Luis Vera, en libertad con cargos por el “caso Azud”, seguirá como jefe de los servicios jurídicos en Divalterra

El Consejo de Administración de Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, ha aprobado que José Luis Vera continúe siendo el responsable de los servicios jurídicos de esta empresa pública. El único coste que tendrá su implicación en el “caso Azud”, por el que fue detenido el pasado jueves será que dejará de encargarse de la comisión que lleva el proceso de disolución, liquidación y extinción de la entidad.

Por tanto, mantiene en su cargo como director de los servicios jurídicos de la empresa y como responsable de prevención de riesgos penales. Seguirá cobrando un salario público después de que la juez decretase su libertad con cargos y, entre otras medidas preventivas, le haya retirado el pasaporte y ordenado su comparecencia semanal en sede judicial.

El acuerdo se tomó con seis votos a favor y tres abstenciones. Estos corresponden a los representantes del PP, al de Ciudadanos y al de los trabajadores. El presidente del Consejo de Administración es Ramiro Rivera Gracia, diputado por el PSPV, y su propuesta ha sido secundada por el resto de consejeros, entre los que se encuentra el que fue subdelegado del Gobierno durante la etapa de Rodríguez Zapatero, Luís Felipe Martínez.

Esta cuestión ha dividido a los consejeros y mientras el PP ha insistido en que era necesario destituir a Vera, aquellos que han votado a favor de que solo se le redujese una de las tareas encomendadas han remarcado que debe primar la presunción de inocencia.

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha defendido esta mañana, visiblemente enfadado, que no está entre sus competencias actuar contra Vera y ha reclamado prudencia y «respeto a la ley y a los procedimientos». Ha argumentado que Divalterra es una sociedad anónima y debe ser el Consejo de Administración- y no la Junta que él preside y que debe convocar en 15 días- el que decida. En este sentido, ha pedido a los periodistas que esperasen a qué acuerdo llegaba este organismo sin desvelar qué ocurriría si no se le apartaba de sus responsabilidades.

En este sentido, Gaspar se ha negado a dar su opinión sobre el “caso Azud” asegurando que lo que él pueda pensar «no es relevante».