La disolución inesperada de Divalterra, la empresa que se llevó a dos presidentes de Diputación de Valencia

Divalterra se disuelve. Es el único camino que ha encontrado el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, para una empresa pública que lleva años ligada a la sospecha. El socialista ha anunciado su disolución ante la Junta General y ha admitido que “ha sido un exponente de la gestión política que busca la diferencia como un objetivo y el ataque como único medio”.

La Junta General fue convocada a petición de toda la oposición. PP, Ciudadanos y Vox la solicitaron para abordar el último escándalo conocido de esta empresa. Se trata de la contratación de la responsable de Recursos Humanos que ha sido puesta en cuestión por el presidente del Consejo de Administración de esta empresa, el socialista Ramiro Rivera, después de haber superado el proceso de selección.

Por estos hechos, la oposición solicitaba la destitución de Rivera y de José Luis Vera, el jefe del Departamento Jurídico que avalaba con sus informes la petición de Rivera. Sin embargo, según han denunciado fuentes populares, Gaspar les ha impedido llevar este asunto a votación, y tras concederles cinco minutos de intervención a cada portavoz y tres de réplica, ha anunciado la disolución de la empresa.

Así, ha anunciado la destitución de los miembros del Consejo de Administración y el nombramiento de los liquidadores de la sociedad. “Ya está bien. Se ha acabado Divalterra”.

Gaspar ha garantizado a los 700 empleados que integran Divalterra que tienen asegurado un “trabajo digno”. Los brigadistas, parte principal y mayoritaria de la plantilla, se integrarán en el Consorcio Provincial de Bomberos, tal y como se recomienda en un informe encargado a la Secretaría y a la Intervención.

El presidente de la Diputación de Valencia ha defendido su actuación y ha asegurado que los errores cometidos en el pasado en Imelsa y posteriormente en Divalterra impulsaron desde el principio la voluntad del equipo de Gobierno de la Diputación de dar de estabilidad y viabilidad a la empresa. “En la Junta del 25 de septiembre de 2018 propusimos estudiar las propuestas para su transformación en una entidad de otro tipo e incluso su suspensión, tal y como anunciamos la vicepresidenta y yo el verano de 2018″.

Ha argumentado que impulsó una mayoría “no política” de los miembros del Consejo de Administración de Divalterra, incluyendo a más de una representación de los trabajadores de la sociedad. “Los técnicos siguen hasta la actualidad en mayoría del ente del Consell, pero tampoco ha permitido la finalidad última, que no es otra que una gestión modélica que aleje a las empresa de polémicas y dote de seguridad y confianza a los casi 700 trabajadores que la integran”.

Toni Gaspar ha insistido en que se ha estado de manera permanente buscando una solución para esta empresa, pero dada la disparidad de criterios planteados, se encargó un informe para analizar su viabilidad jurídica y todos sus efectos en los diferentes escenarios planteados. “Lo más fácil sería no hacer nada, algo muy habitual en esta casa, pero eso se ha acabado”.

Por tanto, el presidente de la Diputación ha asegurado que se convocará lo antes posible otra Junta General para que se apruebe su disolución, liquidación y extinción para “ordenar el cierre ordenado y definitivo de la empresa”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, María Josep Amigó, ha considerado que ha sido “una decisión muy meditada, desde que en julio de 2018 avanzamos el cierre ordenado de Divalterra, que después de casi tres años y los informes pertinentes ha llegado el momento de anunciar”.

Según Amigó, esta decisión “se toma para preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores, que no son responsables de las cosas que históricamente han pasado en la empresa”.

A la Fiscalía

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha anunciado que va a poner en próximas fechas en conocimiento de la Fiscalía todos los hechos y documentación relativa al proceso de contratación de la nueva jefatura de Recursos Humanos en Divalterra.

«La reiterada dilación en la entrega de la documentación, la negativa a contestar a las once preguntas formuladas en el último Consejo de Administración y el oscurantismo que ha rodeado la actuación de Ramiro Rivera, presidente del Consejo de Administración, y José Luis Vera, jefe del área jurídica,en este proceso no nos deja más salida que tomar esta decisión».

Mompó ha calificado este giro de Gaspar como un intento desesperado que «no va a tapar en ningún caso las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer en este proceso y las responsabilidades que de ellas se puedan derivar».

El portavoz de Vox, Joaquín Alés, uno de los once diputados de la oposición que solicitaron esta junta, ha mostrado su preocupación y “honda desconfianza” por la situación de Divalterra y ha dicho estar pendiente del informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude en referencia al proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de la empresa.