Toni Gaspar: “Mi opinión personal sobre José Luis Vera no es el relevante”

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, no ha querido dar su opinión sobre la detención del jefe del área Jurídica de Divalterra, José Luis Vera. “Mi opinión personal no es relevante”. Ha insistido en que no es un cargo de confianza y, por tanto, él no tiene responsabilidad sobre su destitución.

Ha reclamado prudencia y “respeto a la ley y los procedimientos”, porque Divalterra es una sociedad anónima” y “debe ser el consejo de administración -que se reúne esta tarde a partir de las 17 horas- quien decida”.

Gaspar se ha mostrado molesto con las preguntas de los periodistas y ha insistido en que si se saltase los procedimientos establecidos también sería cuestionado.

Vera fue detenido el pasado jueves en el marco de una operación judicial relacionada con el caso Azud, que investiga posibles sobornos relacionados con proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia y otras instituciones y empresas. Entre los que permanecen en prisión está el ex subdelegado de Gobierno, el socialista, Rafael Rubio y el ex vicealcalde de Valencia durante la época del PP, Alfonso Grau.

”Vera tiene un contrato laboral con Divalterra, no es un cargo de confianza, por eso se ha de reunir el consejo y no puedo adelantar qué decisión se tomará”, ha apuntado Gaspar.

Ha explicado que la Junta General que él preside debe convocarse después de la reunión extraordinaria del Consejo de Administración. En cualquier caso, ha dicho que serán los representantes políticos los que así lo decidan”. En este sentido, ha reivindicado su gestión para despolitizar Divalterra. “Solo hay tres políticos y el resto son funcionarios de alto rango de la Diputación”.

También ha recordado que la Diputación de Valencia ha iniciado la disolución de esta empresa pública y que sus opiniones personales sobre lo sucedido “no sirven de nada”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia decretó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares como la retirada de pasaportes, prohibición de salida de territorio nacional y comparecencias semanales en sede judicial, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano.