Vox asegura que funcionarios del Ayuntamiento han denunciado que ediles de Compromís mantienen auxiliares administrativos en puestos impropios

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Valencia ha informado de que los siete funcionarios que denunciaron a los concejales Campillo y Notario, de Compromís, acusan ahora a los ediles de mantener a auxiliares administrativos en puestos de relevancia para los que no están capacitados y, según la ley, no pueden ejercer.

Al igual que ha sucedido con la denuncia por las bolsas de auxiliares administrativos para interinos sin haber aprobado el ejercicio práctico, ahora mismo en el Juzgado de lo Contencioso, y por la que 300 empleados pueden perder su trabajo, según los denunciantes, “fue la propia documentación aportada por el Ayuntamiento de Valencia al Juzgado de instrucción nº 20, la que nos aclaró de forma fehaciente los hechos que le trasladamos a la Sra. Notario, en una reunión que mantuvimos con ella dos de los hoy denunciantes”. Esa documentación ha dado lugar a que en estos momentos se encuentren varias demandas en la vía contenciosa, todas ellas con señalamiento de fecha de juicio, y una denuncia por prevaricación contra Campillo y Notario, recaídas en los Juzgados nº 5, 7, 9 y 10 de las Salas de lo Contencioso Administrativo de Valencia.

Entre esos hechos destacan que, “por resolución de Alcaldía y sin ningún tipo de concurso ni prueba a la que se pudiese concurrir, y con el único criterio de favorecer a unos pocos, funcionarios que habían entrado en el año 1981 como Auxiliares de Mercados, nivel 4, mediante acuerdo plenario de fecha 7 de abril de 1.983, se crearon 25 plazas de Inspectores de Abastecimientos por transformación de 25 plazas de Auxiliares de Mercados, dando lugar al nivel 16 hoy en día conocido por todos como C2 16, pasando a denominarse Inspectores de Abastecimientos y Consumo”. Y, más adelante, que por Resolución nº 100-P de fecha 10 de febrero de 1994 y en virtud de Delegación conferida por Resolución nº 68, de 18 de enero de 199, “a dos de esos inspectores se les confirió el grado 18 y se inició la consolidación del grado 20, llegando alcanzar mediante Informe del Jefe de Sección, el puesto de Coordinador de Inspección aprobado nuevamente por Resolución nº 163-P, de fecha 9 de marzo de 2012, adoptándose, en sesión celebrada en junio de 2011, el reconocerles el grado 22 mediante informe de la Jefatura de Sección por funciones superiores”.

La estructura de la carrera profesional de la administración pública contempla 30 grados hasta los que puede ascender un funcionario. Todos los funcionarios de carrera adquieren un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel, correspondiente durante dos años continua-dos o tres años con interrupción, con excepción de lo dispuesto en el artículo 70.2 del RD 364/1995, de 10 de marzo, “cualquiera que fuera el sistema de provisión”. Ese artículo fija como doctrina legal que “no incluye, a los efectos de la consolidación del grado personal, los puestos de trabajo obtenidos en virtud de adscripción provisional”. Sin embargo, “eso es lo que ha sucedido en algunos casos contraviniendo la legalidad -aclaran los denunciantes-, puesto que, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado, consolidan cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su escala”. En el caso de un auxiliar administrativo, el tope está en el nivel 18, como prevé el artículo 71 del mismo Real Decreto.

Los denunciantes critican que se haya aplicado ese criterio de ascenso y carrera profesional con algunos funcionarios: “No entendemos por qué no se aplica para todos”.

Durante la primera legislatura del Rialto, dos de los empleados públicos acudieron a Luisa Notario para explicarle la situación, pero la concejal se excusó en que se trataba de “gestiones desigualitarias derivadas de los gobiernos anteriores”. “Son mismos perros con distintos collares. Han mantenido la política de siempre y usan a los sindicatos para beneficio propio, asegurándose que no abran la boca manteniendo puestos y prebendas ilegales”, han comentado.

Acusan al Ayuntamiento de pruebas falsas

Los denunciantes han acusado al Ayuntamiento de “aportar pruebas falsas” a la Audiencia Provincial, lo que ha desencadenado varias demandas contenciosas administrativas contra el Consistorio: “Al margen del Juicio sobre la nulidad de las bolsas sobre los acuerdos caciquiles de la Mesa de negociación y el nombramiento indebido de gente no cualificada, reiteramos que los siete funcionarios denunciantes estamos inmersos en varias demandas contenciosas administrativas para el reconocimiento de los derechos irrenunciables de nuestros compañeros, todas ellas con fecha fijadas para la vista, de señalamiento para la celebración de juicio. Recordarles que se atrevieron a aportar pruebas falsas a la Audiencia Provincial que se tendrán que juzgar en estos procedimientos abiertos, con la consiguiente implicación, si hubiera, por posibles irregularidades administrativas e ilícitos penales”.