Antifraude concluye que Ribó repartió 770.000 euros en sobresueldos diez de sus concejales

El Ayuntamiento de Valencia burló durante la pasada legislatura la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así lo concluye la Agencia Antifraude en un informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que afirma que diez concejales del equipo de Gobierno de Joan Ribó cobraron un plus en su nómina que no les correspondía.

En total, estos complementos a su salario costaron al erario 772.000 euros. Al año recibieron 24.500 euros más, un extra que les permitía cobrar lo mismo que los ediles que tenían dedicación exclusiva.

Se trata de cinco concejales de Compromís, el actual teniente de alcalde, Sergi Campillo, el concejal de Movilidad, Giussepe Grezzi y Glòria Tello y Pilar Soriano, estas últimas ya no son concejalas aunque Soriano trabaja como coordinadora de Movilidad en el Ayuntamiento.

Por el PSPV fueron tres los que se beneficiaron de estos extras. La actual vicealcaldesa Sandra Gómez, Anaïs Menguzzato, ahora gerente de FGV y Vicent Sarrià, que ocupa un escaño en Les Corts. Completan la lista dos ex ediles de Podem, Neus Fabregat y María Oliver, que trabaja como asesora del vicepresidente de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau.

Todos ellos aceptaron recibir un «complemento de responsabilidad» que de facto suponía el abono de un 25 por ciento más del sueldo y conseguir así un salario anual de 74.341 euros.

En su informe preliminar la Agencia Antifraude reprocha al Ayuntamiento que tratase de esquivar con esta fórmula la bautizada como la «ley Montoro»que prohibía que hubiese más de 25 concejales con dedicación exclusiva. Sin embargo, con este plus «el efecto práctico es que el Ayuntamiento retribuyó a 31 concejales durante la legislatura 2015-2019 el mismo importe que el fijado por el pleno con dedicación exclusiva» y concluye: «Lo que literalmente puede implicar el incumplimiento del límite de cargos públicos con dedicación exclusiva».

La Agencia insiste en que el incremento de salario se ejecutó sin acreditar cuáles eran las responsabilidades especiales que asumían ni por qué se fijó en un 25 por ciento adicional.

Ahora el Ayuntamiento de Valencia tiene 10 días para presentar alegaciones, tras pasar este periodo, elevará el informe definitivo. Hasta el momento no ha respondido a los requerimientos de la Agencia. “No se ha presentado informe al respecto de ningún tipo de ni los preceptivos ni ningún otro que estudiara en su momento la propuesta y la cuantificación económica de la misma”.

Para ayudar a la oposición

El alcalde Ribó sí ha hecho declaraciones al respecto y ha defendido que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impedía que 10 de los 33 concejales del Ayuntamiento de Valencia pudieran cobrar el complemento por dedicación exclusiva. El alcalde argumenta que para ayudar a la oposición se acordó que esos diez ediles pertenecieran a los tres grupos políticos que entonces integraban el gobierno local, pero se les concedió un plus para igualar su salario. El acuerdo, insiste Ribó, se aprobó en el pleno y remarca que este asunto ya fue investigado en su día por la Fiscalía y se archivó.

Sin embargo, desde el grupo municipal popular consideran que las conclusiones provisionales del informe son “preocupantes” e instan al equipo de Gobierno a presentar algún informe técnico que valide estos cobros “presuntamente realizados para burlar la ley”.