La Sindicatura de Cuentas abronca a la Generalitat valenciana por los contratos covid

El informe de fiscalización de la cuenta de la Generalitat durante 2020 advierte “falta de acreditación” de los hechos que dieron pie a los contratos tramitados por la vía de emergencia para combatir la pandemia, así como “falta de constancia de los precios”, “imposibilidad de verificar la adecuada ejecución” e incluso “falta de formalización por escrito de los contratos ejecutados en el exterior”.

El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha hecho entrega del citado informe a los miembros de la Mesa de Les Corts y posteriormente lo ha presentado también al president, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat.

El informe se divide en cinco volúmenes: del segundo al quinto incluyen la fiscalización de organismos, fundaciones y empresas públicas que se han ido publicando en los últimos meses, de modo que lo más novedoso es el primer volumen, que incorpora el informe general, así como análisis de la contratación y subvenciones.

La deuda, elevadísima

“Seguimos con una deuda elevadísma, eso no es novedad, con más de 52.000 millones al cierre de 2020, de los cuales 40.000 se adeudan al ICO”, ha señalado Cucarella.

En este sentido, ha informado de que la Sindicatura está realizando un informe, por encargo de Les Corts, sobre qué parte de la deuda acumulada por la Comunitat se puede atribuir a la infrafinanciación, tomando como punto de partida el año 2002.

Cucarella ha informado de que este informe estará listo a finales de enero y que, a grandes líneas, esa deuda derivada de la infrafinanciación puede rondar el 50 % del total.

“El déficit durante 2020 ha sido inferior a otros años, curiosamente; pese a que se ha gastado más para hacer frente a la covid, ha habido ingresos extraordinarios. No podemos saber si esto será una sentencia, porque 2020 ha sido un año atípico, como probablemente lo será 2021″, ha agregado.

Los contratos covid

En relación con los pagos directos efectuados por la Conselleria de Sanidad, se advierte un “volumen importante de gastos de carácter sanitario contraídos sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras causas”. Se han contabilizado expedientes de enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.602,4 millones de euros.

Por otro lado, se han efectuado pagos directos a terceros por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario sin la previa tramitación del expediente de contratación preceptivo, como procedimiento generalmente utilizado por los departamentos de salud, unos pagos que “podrían llegar a importes muy significativos”, advierte el informe.

La situación patrimonial

En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat, el Informe indica, como en ejercicios anteriores, que las cuentas anuales del ejercicio 2020 muestran un “grave desequilibrio”.

El patrimonio neto es negativo, por 36.219,8 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento.

La liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado positivo de 552,1 millones de euros, y una variación neta de activos y pasivos financieros o aumento del endeudamiento por 2.414,9 millones.

En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, se observa una evolución positiva de reducción del déficit entre 2015 y 2017, que cambia de tendencia en los ejercicios 2018 y 2019 (por un incremento mayor en las obligaciones que en los derechos), y vuelve a disminuir en 2020 condicionado por los ingresos y gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia.

La infrafinanciación

Como en otros ejercicios, la Sindicatura dedica un apartado de su informe a analizar la infrafinanciación autonómica y sus consecuencias.

El ente fiscalizador apunta que, “después de ocho años de espera, el 3 de diciembre de 2021 el Ministerio de Hacienda ha facilitado a las comunidades autónomas un primer documento con propuestas para la estimación de las necesidades relativas de gasto a partir de una nueva formulación de la variable población ajustada”.

A pesar de que la Sindicatura lo considera un primer paso hacia un nuevo modelo de financiación, apunta que todavía se desconoce la fórmula definitiva, el importe a repartir o si existirán fondos adicionales con varios criterios de reparto.

Por último, la Sindicatura incluye recomendaciones para la intensificación de la transición energética y el incremento de la ciberseguridad, que debe ir en consonancia con la progresiva digitalización de la Administración.