La agricultura valenciana pierde 800 millones de euros a pesar de que los alimentos cuestan un 15 por ciento más

A pesar de que en 2022 la inflación llevó a que los alimentos costaran a los consumidores un 15 por ciento más, dichos incrementos no han llegado al campo, donde los productores de la Comunidad Valenciana denuncian pérdidas de 800 millones durante el año pasado, un 25 por ciento superiores a las del año anterior. Así lo ha denunciado esta mañana el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), quien ha señalado como algunos de los principales problemas del sector la subida sin precedentes de los costes de producción, las graves mermas de cosechas por la anomalía climática, la entrada masiva y sin reciprocidad de importaciones de terceros países, la falta de soluciones para combatir las plagas y enfermedades, los daños récord de la fauna salvaje y los robos en el medio rural.

Ante la crítica rentabilidad de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, AVA-ASAJA reclama a las administraciones “que se pongan las pilas” y una hoja de ruta que garantice una sostenibilidad no solo medioambiental, sino también económica.

Todos los costes agropecuarios siguieron subiendo en 2022 hasta alcanzar máximos históricos. Según datos oficiales, los insumos que más se encarecieron son los fertilizantes (+62%) –si bien algunos compuestos nitrogenados y la urea se han llegado a doblar o triplicar–, la energía (+49%) –entidades de riego han pagado facturas cuatro o cinco veces superiores debido al incremento desmesurado del precio de la electricidad y al establecimiento por parte del Gobierno del ‘tope al gas’–, los piensos (+34%) y los fitosanitarios (+20%). El gasóleo agrícola bajó su precio a finales de año pero a lo largo del ejercicio se mantuvo un 70% más caro.

Además, las sucesivas adversidades climáticas (heladas, falta de horas de sol en primavera, lluvias persistentes y torrenciales, pedrisco, sequía, calor en invierno, etc.) provocaron desplomes de cosechas en los principales cultivos: cítricos (-20%), uva (-25%), olivar (-85%), almendra (-55%), arroz (-10%), cereales (-25%), caqui (-70%), etc. Esta siniestralidad, muchas veces no cubierta por el seguro, elevó las pérdidas en 285 millones en la Comunitat Valenciana.

Además, la continuada supresión de materias fitosanitarias y la generación de resistencias a los pocos productos autorizados mantuvieron los ataques de plagas y enfermedades. Los daños representaron 150 millones, sobre todo en cítricos (Cotonet de Sudáfrica, araña roja y mosca del Mediterráneo), caquis (cotonets, moscas blancas y mancha foliar), arroz (pyricularia y malas hierbas) y almendras (avispilla y Xylella fastidiosa). Pese a ello, la UE presentó en 2022, en línea con el Pacto Verde, una propuesta de reglamento que plantea nuevos recortes e incluso la prohibición de todos los fitosanitarios en ‘zonas sensibles’ que suponen más del 30% de la agricultura española y más del 80% de la agricultura valenciana.

Las instituciones comunitarias continuaron oponiéndose a establecer ‘cláusulas espejo’ o reciprocidad a las importaciones foráneas que desplazan las producciones europeas en su propio mercado. La única nota positiva fue el establecimiento del tratamiento en frío a los cargamentos de naranjas sudafricanas a fin de evitar la introducción y propagación de la falsa polilla, pero se excluyó las mandarinas y pomelos pese a entrañar el mismo riesgo.

La excesiva e incontrolada fauna salvaje, sobre todo el jabalí, incrementó sus daños un 15% y ya causa 40 millones de daños anuales. Los robos de cosechas de alto valor, instalaciones de riego y materiales metálicos siguieron siendo una lacra con 25 millones de pérdidas en el sector agrario valenciano.

A la vista de las políticas agrarias insuficientes e incluso lesivas para el mundo rural, 2022 fue un año con múltiples movilizaciones en Valencia y Madrid. AVA-ASAJA participó, entre otros actos reivindicativos, en la manifestación del sector agrario el 25 de febrero en Valencia, la histórica manifestación del mundo rural el 20 de marzo en Madrid, la concentración contra la PAC el 23 de noviembre y la concentración de los regantes frente al ministerio para la Transición Ecológica el 29 de noviembre.