Tribunales

La Audiencia de Valencia reabre la causa contra Mónica Oltra que queda a un paso del juicio oral oral

La Sala entiende que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal

La ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no ha acabado todavía con su periplo judicial. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido reabrir la causa que la investigaba, así como la de 15 personas más porque entiende que "no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal" y concurren "indicios suficientes para encausar a los investigados".

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, el Tribunal ha estimado parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares.

La Sala entiende que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia acordó el pasado mes de abril el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra -por la que dimitió en 2022- y varios de sus colaboradores por el supuesto ocultamiento del caso de abusos cometido por su exmarido.

El titular de ese juzgado consideró que todos los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales contra las personas investigadas se habían "desvanecido por completo", y la Fiscalía respaldó el archivo al no observar indicios de criminalidad en ninguno de los investigados.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tras examinar la instrucción "la Sala estima, discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento", señalan los magistrados.

Para la Sala, dichos indicios justifican que, una vez que se practiquen las diligencias que se estimen necesarias, "la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral".

Según el auto de apelación, que ha sido notificado este jueves a las partes, es posible sostener como una "hipótesis plausible" el hecho de que las personas bajo cuya tutela y protección se encontraba "habrían pretendido ocultar el abuso sexual".

Para ello, "se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas", precisan los magistrados.

De esta manera, a juicio del Tribunal, se habría omitido "tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho al Ministerio Fiscal, evitando así que pudiera ejercer el control previsto" en el artículo 209 del Código Civil.

En estas diligencias previas figuraban como investigados, hasta que se sobreseyeron provisionalmente, la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y técnicos y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, así como trabajadores del centro concertado donde la entonces menor se hallaba acogida cuando sufrió los abusos sexuales, entre 2016 y 2017.

"Resulta indiciariamente de la instrucción que no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida", recoge la resolución.

La Audiencia recuerda que no fue hasta tres meses después, cuando la chica relató lo ocurrido a unos policías que estaban en el centro de forma circunstancial por otros motivos, cuando éstos dieron cuenta a la Fiscalía, que sí apreció indicios de la comisión de los abusos sexuales e interpuso la correspondiente denuncia.

Para la Sección Cuarta, "en este momento procesal no puede descartarse, de una manera clara, la comisión de infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida".

Del mismo modo, el Tribunal cree que tampoco puede descartarse el carácter delictivo de la decisión de la Conselleria de abrir un expediente informativo, una vez que el asunto ya estaba judicializado, "con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor", según recoge EFE.

Ese expediente "parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamente ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado, con la victimización secundaria que ello supone y con la finalidad indiciaria de desacreditar su testimonio o influir en su ánimo acusador", afirman los magistrados.

Por todo ello, la Sala considera que tampoco "puede descartarse en este momento procesal la comisión de infracción penal, como consecuencia de haberse dictado, de manera arbitraria e injustificada, una resolución con la finalidad de iniciar el referido expediente informativo, utilizando recursos públicos, con fines particulares".

De acuerdo con este auto, contra el que no cabe recurso, ha de ser el acto del juicio oral "donde se dilucide, con la mayor amplitud que proporcionan los principios procesales que rigen la prueba en el juicio, las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen".

Igualmente, ha de ser en la vista, tras la práctica de la prueba, donde se ha de determinar qué persona ordenó la formación del expediente y quién decidió tomarle declaración a la menor y someterla a un nuevo examen psicológico, así como las circunstancias en que ello se produjo.

Los apoyos a Oltra

Aunque todavía no era definitivo, el anuncio de sobreseimiento provocó una oleada de reacciones a favor de la que lo ha sido todo para Compromís. A las manifestaciones de apoyo, se abrió el debate de cómo puede Mónica Oltra reincorporarse a esta coalición de partidos. Hasta el momento Oltra no ha hecho declaración alguna al respecto aunque sí asistió a la asamblea de Iniciativa- la formación de Compromís a la que pertenece- celebrada el pasado mes de mayo. Allí fue recibida con aplausos y honrada con una gran ovación.

La salida de Oltra forzó un cambio de equilibrios en Compromís a favor del partido más numeroso, Més (antiguo Bloc Nacionalista Valencià). De hecho, tanto el portavoz de Les Corts, Joan Baldoví, como la persona elegida para situarse en el número 3 de la lista con Sumar en las elecciones europeas, Vicent Marzà, son del Bloc.

La diputada nacional, Àgueda Micó, ha mostrado su apoyo a Mónica Oltra y ha asegurado que lo único que hay en este caso es una "persecución política" y ha acusado a los jueces y magistrados de estar "politizados". Así, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga en marcha medidas de regeneración política para que no se sigan produciendo casos de "lawfare", en esta cuestión, ha asegurado, sí le apoyarán.