El Síndic de Greuges abronca a la Generalitat valenciana: "Persisten los mismos problemas en materia social"

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en manos de Aitana Mas (Compromís), aglutina el 35,49 por ciento de las quejas ciudadanas presentadas ante el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana. Así consta en el informe de 2022 presentado esta mañana por el síndic, Ángel Luna, que ha formalizado la entrega del documento ante Les Corts. En el informe queda reflejado que este Departamento concentra un total de 1.032 quejas, de las cuales el 17,3 por ciento corresponden a la Dependencia y el 7,8 a la Renta Valenciana de Inclusión.

Luna señala que en materia de Servicios Sociales "continúan siendo destacables las mismas deficiencias que hemos venido denunciando a lo largo de los informes anuales de los últimos años". Asegura que "persisten los mismos problemas en materia de dependencia, discapacidad o renta valenciana de inclusión, derivados de los modelos de gestión, de los procedimientos implantados y de las carencias en las herramientas informáticas que se detallaban en el Informe anual 2021 y los avances para solucionarlos han sido insuficientes".

En este sentido, el informe explica que cabe reseñar la constante advertencia del defensor sobre que se hace una errónea aplicación de la ley a la hora de denegar la prestación de renta valenciana de inclusión a quienes han aceptado cortos trabajos temporales. Una advertencia que ha seguido sin ser atendida por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por lo que esta institución se vio obligada a abrir una queja de oficio sobre ese asunto.

"A menudo, el Síndic tiene la sensación de que la normativa se incumple, pero no se modifica. Por ejemplo: el incumplimiento flagrante de la Ley de la Generalitat 9/2016, de Procedimientos de Emergencia Ciudadano ha sido denunciado por esta institución en los informes anuales y en sede parlamentaria, pero se sigue manteniendo como un brindis al sol".

Respuestas más contundentes en salud mental

Capítulo especial merecen los problemas de salud mental, cuyo incremento ha sido evidente a partir de la pandemia, sobre todo entre los jóvenes. El Síndic abordó, también en una queja de oficio, la situación especialmente grave de los recursos de salud mental en el Departamento de la Marina Alta, pero la situación de otros departamentos dista mucho de ser satisfactoria, remarca el documento.

Denuncia además que, de momento, la estructura creada a partir de la figura del Comisionado para el Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas no ha ofrecido resultados tangibles, más allá del proceso de participación ciudadana desarrollado y algunos anuncios de acciones puntuales en periodo de materialización. "Parece fuera de toda duda que estos problemas requieren una respuesta mucho más contundente que la brindada hasta la fecha".

"La recomposición del sistema sanitario valenciano va a requerir de un enorme, sostenido y creciente esfuerzo presupuestario. Es importante que esto se tenga en cuenta si se quiere atender a la que, probablemente, sea hoy la principal preocupación de la ciudadanía valenciana".

Urge reformar la atención primaria

Por otra parte, en relación con el ejercicio de los derechos más básicos en la Comunitat Valenciana, se hace necesario destacar la enorme preocupación que produce la situación de la asistencia sanitaria, aunque no es el ámbito que más quejas provoca ante esta institución.

Probablemente, la existencia de un Servicio de Asistencia e Información al Paciente (SAIP) filtra el número de reclamaciones de los usuarios, haciendo que sólo lleguen las que no han sido resueltas, que no son pocas.

En este tema sí se puede decir con claridad que se arrastran importantes secuelas de la pandemia. Las dificultades en nuestro sistema sanitario no comenzaron ahí, vienen de lejos, pero desde luego, se han agravado considerablemente, dice el informe.

La atención primaria sigue acumulando descontentos y sus deficiencias repercuten sobre los hospitales, cuyas urgencias se colapsan por pacientes que deberían ser objeto de tratamiento en los centros de salud. A este respecto, el defensor insta a que se aborde de forma urgente la reforma de la atención primaria.

A los retrasos en la atención primaria y en las especialidades se unen las listas de espera hospitalarias, situadas en parámetros inaceptables, que provocan desesperación en los usuarios.

En esta situación, cuando la solución requiere determinación y años, lo mínimo exigible a las autoridades sanitarias es un ejercicio de transparencia y realismo. Los ciudadanos ya saben que las cosas están mal y lo que necesitan es una explicación comprensible, veraz y razonable sobre los pasos a dar para resolver los problemas. También requieren previsiones ajustadas a los recursos disponibles y demandan transparencia en la gestión de los servicios para erradicar las sospechas de agravios o de trato injustificado que minan la credibilidad del sistema.

Esa idea llevó a esta institución a iniciar una queja de oficio sobre la publicidad de las listas de espera, como se recoge en el Informe anual 2022.