El Gobierno incumple la ley: los agricultores reclaman 370 millones para olivares y viñedos

La Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) considera “inaceptable” la decisión del Gobierno de no activar las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. La organización agraria exige el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que establecía un fondo de 370 millones de euros -285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano- destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.

La disposición adicional cuarta de la Ley 1/2025 obligaba al Ejecutivo a aprobar en un máximo de dos meses desde su aprobación una ayuda de concesión directa, integrada en el sistema de la PAC, dirigida a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y superficies de olivar y viñedo de secano. Sin embargo, más de medio año después, las ayudas no han visto la luz. Y ahora en una respuesta parlamentaria conocida ayer, el Gobierno afirma que “no es posible allegar los recursos necesarios”, admitiendo que los Presupuestos de 2023 no contemplaban esta partida y que, al estar prorrogados, no puede activarse.

Desde Ava-Asaja se subraya que “no puede dejarse sin cumplir una ley” diseñada precisamente para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables, y se advierte de que “el olivar y el viñedo de secano no pueden convertirse en las víctimas colaterales de la falta de Presupuestos”.

Esta decisión injusta agrava la situación de miles de explotaciones. La asociación agraria recuerda que otros sectores -arroz, frutales, frutos secos, tomate de industria, herbáceos- sí han recibido ayudas extraordinarias por sequía o por el impacto de la guerra en Ucrania.

Inseguridad jurídica

La falta de aplicación de una ayuda que la propia ley establece como concesión directa, integrada en la PAC y sin necesidad de solicitud previa, “está generando una inseguridad jurídica insostenible para miles de agricultores profesionales, que tenían derecho a confiar en que la norma se cumpliría. Este retraso aboca a las explotaciones de secano a una incertidumbre absoluta, dificulta cualquier planificación -desde inversiones hasta podas, tratamientos o contratación de personal- y aumenta el riesgo real de abandono de explotaciones en zonas rurales especialmente vulnerables”.

La delegación valenciana se suma a su organización nacional Asaja y exige al Ministerio de Agricultura una solución inmediata y transparente, que incluya la activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025, la dotación presupuestaria necesaria para ejecutarla, claridad sobre beneficiarios y superficies, un calendario público de pagos y un trato igualitario respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias. “No se pueden dar excusas para incumplir una ley. El campo necesita certezas, no respuestas burocráticas; el olivar y el viñedo de secano son pilares de la economía rural y su abandono tendría consecuencias irreversibles”, advierte la organización.