El acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles, especialmente de aquellos jóvenes y colectivos vulnerables que ven cómo el alquiler está disparado y la compra de vivienda tiene la dificultad añadida de obtener crédito.

El pasado miércoles, 35 entidades, entre las que se encuentra la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en representación de 317 ayuntamientos, así como organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras, suscribieron el Plan Vive de la Generalitat que busca poner 10.000 viviendas de protección pública (VPP) en oferta, de las cuales 4.000 ya están en proceso de licitación, adjudicación o construcción.

LA RAZÓN organizó un debate un día después para analizar los principales retos de la vivienda en la región en el que los ponentes coincidieron en que la iniciativa supone «un punto de inflexión» tras ocho años de parálisis y confrontación entre la administración pública y el sector promotor. «Es una situación crítica, pero hay mimbres para revertir la situación de la vivienda. Todos los agentes y sectores estamos alineados en ese objetivo, empezando por la Generalitat», defendió el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, quien resaltó que «no se construyó ninguna VPP durante los ocho años del Botànic».

Fernández participó en el debate junto con el secretario general de la FMVP, Miguel Bailach; el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunitat Valenciana, Antonio Olmedo; y el directivo del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Valencia (COAPIV), Antonio Lledó.

Suelo disponible

El secretario autonómico de Vivienda puso en relieve la falta de oferta y la disponibilidad para construir como una de las principales lacras. «Tenemos un claro desequilibrio entre oferta y demanda, con un déficit de 400.000 inmuebles en España. No podía ser que hubiera suelo público durmiendo», aseguró Fernández, que se congratuló de que se están analizando más de 200 solares y de que «la bolsa de suelo de la administración está prácticamente agotada», de ahí la necesidad de colaborar con los 317 ayuntamientos que han suscrito el Plan Vive. «Esto viene a mover el avispero de los ayuntamientos y decirles: ‘oye, ese suelo urbanizado hay que ponerlo en el mercado’», enfatizó el presidente de FMVP.

En esa línea, Dolón reclamó al Estado «un mecanismo extraordinario para generar suelo de emergencia con viviendas asequibles» dada la dificultad para recalificar y cambiar los usos, con procesos burocráticos que duran años, a los cuales se suma después el tiempo de construcción.

Desde la patronal de promotores coincidieron en que el sector está «en una situación muy complicada» tras la subida de costes de la construcción tras el Covid, la guerra de Ucrania y la falta de mano de obra. Olmedo aseguró que se ha sumado la proliferación de leyes que aumentan los requisitos técnicos y encarecen el precio, como el decreto de calidad y diseño que aprobó el gobierno del Botànic meses antes de las elecciones en 2023 y que tenía su entrada en vigor en diciembre, pero fue derogado por el actual Consell antes de esa fecha tras consultar con el sector.

Sin embargo, Lledó aseguró que las 10.000 VPP que se van a activar dentro del Plan Vive son «a todas luces completamente insuficientes». «Estamos en una situación de emergencia social de la vivienda. En cinco años ha aumentado la población en 500.000 personas en la Comunitat Valenciana, si el ratio es de 2,5 personas de ocupación por hogar, nos faltan 200.000 viviendas y si no se construye, aumenta el precio», alegó.

Aún así los ponentes sí que coincidieron en que este es «un primer paso» tras años de inacción del Botànic, y el secretario general de la FVMP, Miguel Bailach, emplazó a «pensar ya en un segundo Plan Vive para seguir avanzando», algo a lo que el secretario de Vivienda se comprometió a dar continuidad con un «segundo, tercer y cuarto Plan Vive si hace falta» en caso de seguir gobernando.

Olmedo criticó que se han hecho demasiadas «medidas huecas» como la promesa de poner 183.000 viviendas de alquiler asequible por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en campaña electoral, que han quedado «en la nada» y que, en lugar de intervenir el mercado, como ha defendido esta semana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hay que «desregular mucho». Lledó coincidió, y culpó a «la burocracia que conlleva» el fracaso de que solo un 8% del dinero disponible en el aval público del ICO a vivienda joven lanzado por el Gobierno se haya usado. «Si tienes un plan y no das herramientas para ejecutarlo, mal vamos», lamentó el miembro de la junta directiva de COAPIV.

En ese sentido, Bailach agradeció a los ayuntamientos «de todos los colores políticos» que se han sumado al Plan Vive y aseguró que «estamos muy lejos de la solución, pero sí en la dirección que toca». El secretario general de la FMVP, aseguró que la inacción de las administraciones públicas vino por la demonización del sector, lo que ha agravado la situación de la vivienda. «Los alcaldes éramos presuntos corruptos si aprobábamos vivienda, los promotores eran demonios con traje y el comprador un especulador nato», aseguró Bailach, quien añadió que al menos hay un cambio de percepción: «La sociedad ya no ve la construcción como algo devorador del territorio, sino que estamos para dar respuesta a un problema real, el acceso a la vivienda».

El alcalde de Torrevieja defendió apoyar al sector y que el sector público se amolde a sus necesidades. «Es importante tener equipos capacitados de funcionarios que estén alineados con quienes posibilitan la construcción. Si no, ¿quién va a construir la vivienda, la administración?», se preguntó, de ahí que abogó por dar «cariño al sector asegurando que hay rentabilidad y una economía que se puede sustentar».

Seguridad jurídica

A corto plazo, dadas las dificultades y plazos para construir vivienda asequible, el debate giró en torno a cómo facilitar el acceso a la vivienda, en especial al alquiler. En ese sentido, los ponentes criticaron la Ley de Vivienda firmada en 2023 por el Gobierno que, en palabras de Lledó, «intentando proteger a un perfil de personas con problemas ha generado inseguridad jurídica», dejando viviendas vacías ante la dificultad para desalojar a quien deja de pagar un alquiler o a quien okupa una casa.

«Los propietarios tienen miedo a que les okupen la vivienda, en convertirse en vulnerables», dijo Fernández, algo con lo que coincidieron los ponentes, que insistieron en que no es solo en caso de okupación, sino que ya hay problemas incluso para recuperar tu hogar cuando es para tu propio uso. «Hay casos donde termina el contrato de un inquilino maravilloso que ha pagado religiosamente pero no se va, y para desalojarle los procedimientos son largos», reclamó el miembro de la junta directiva de COAPIV, que insistió en que la gente que alquila «paga un precio desorbitado porque no hay viviendas y prácticamente se subastan cuando salen al mercado», por lo que pidió «agilizar los casos judiciales» y recordó: «La mayoría de los propietarios son particulares y utilizan esa renta para tener una calidad de vida mejor, para que sus hijos vivan después en esa propiedad o para atender a mayores».