Ser empresario en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, ¿dónde es más barato?

Sin duda alguna, el tema de la semana ha sido la posible aprobación de medidas fiscales que favorezcan el retorno de las empresas catalanas que abandonaron su comunidad autónoma en 2017 con motivo del referéndum independentista. En la Comunitat Valenciana el asunto es de vital importancia ya que, no solo acoge a dos de estas grandes empresas -Caixabank y Banco Sabadella- sino que en total cuenta con 974 compañías de Cataluña que se han ido transfiriendo progresivamente desde entonces a tierras valencianas. Más allá de las decisiones políticas que se adopten, la pregunta inevitable que se plantea en este momento es: de manera objetivo, ¿dónde es más conveniente ser empresario desde el punto de vista fical? ¿En Cataluña o en la Comunitat Valenciana?

Y la respuesta, comparando los impuestos que se pagan en cada una de las dos regiones, es que si finalmente las sociedades catalnas se vieran obligadas a regresar a su lugar de origen, sufrirían una mayor presión fiscal.

De hecho, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2023, la catalana es la autonomía menos competitiva desde el punto de vista tributario, ya que es la que cuenta con un mayor número de impuestos destinados a las empresas. Según este índice, la segunda comunidad menos competitiva sería la valenciana, si bien es cierto que en el mismo no se tienen en cuenta los últimos cambios fiscales realizados por el nuevo Consell del PP y Vox.

Uno de los primeros, y más relevantes, fue la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo que se sigue pagando en Cataluña, con una tarifa que oscila entre el 7 y el 32 por ciento. Seguidamente, el Consell de Carlos Mazón llevó a cabo una relevante reforma fiscal que afecta al IRPF, con el principal objetivo, según explicó en su momento, de ir reduciendo la presión fiscal sobre los valencianos, que es una de las más altas de España.

De este modo, las rentas más bajas en la Comunitat Valenciana pagan una tarifa del 19 por ciento, frente al 20 de Cataluña, mientras que las rentas valencians más elevadas (por encima de los 300.000 euros) tributan un 47 por ciento, frente al 50 por ciento de las catalanas.

Otros impuestos, como el de Sociedades o el IVA, son estatales y se tributan en la misma cantidad en ambas autonomías, así como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se tarifican con un 10 por ciento, aunque en ambas regiones existen bonificaciones.

En el caso del Impuesto de Patrimonio, aunque en ambas comunidades el mínimo exento está situado en 500.000 euros, la principal diferencia radica en que el presidente de la Generalitat ya ha anunciado su intención de suprimir este tributo, una medida que forma parte de su reforma fiscal progresiva para reducir la presión tributaria en la región.

Pero es en los impuestos estrictamente autonómicos donde existe una mayor diferencia. Mientras que en Cataluña existen un total de catorce tributos, la mayoría de los cuales pagan las empresas -como el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, sobre los activos no productivos ​de las personas jurídicas, o sobre instalaciones que inciden en el Medio ambiente- en la Comunitat Valenciana solo hay seis impuestos de este tipo, de los cuales tres no están en vigor, ya que el Botànic los aprobó con la condición de que fueran efectivos a partir del 1 de enero de 2025.

Aunque no abiertamente, desde el actual Consell se ha dejado entrever también en repetidas ocasones que estos impuestos no llegarán a ver la luz del sol. Se trata en concreto del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provenientes de instalaciones y el que repercute sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Los llamados tributos «verdes» que sí existen en Cataluña.