Suspenden el juicio de una pieza de Imelsa para incorporar documentación omitida por la Guardia Civil

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido este jueves aplazar hasta el 2 de abril el juicio de una de las piezas del caso Imelsa contra tres exalcaldes de la provincia de Valencia y otros acusados para permitir que se incorpore a la causa documentación que no constaba y que las defensas han considerado esencial.

Se trata, según ha explicado el letrado Manolo Mata -que defiende a un exalcalde socialista de Enguera-, de correos, mensajes y otra documentación que fue obtenida a partir de los dispositivos móviles de los procesados.

A esta documentación -unos dos terabytes, según las defensas-, tuvo acceso la UCO de la Guardia Civil para elaborar los informes que han sustentado la acusación, pero fue apartada de la documentación obrante en la causa.

La presidenta de la Sala ha expuesto a las partes que "la falta de volcado de la integridad de las conversaciones o mensajes se suele limitar para no incluir contenidos privados, pero no obstante se considera pertinente su aportación".

Los procesados en esta causa son Mariano López, exsuegro del que fue gerente de Imelsa y autodenominado 'yonqui' del dinero, Marcos Benavent, un funcionario de la Diputación de Valencia, Javier Berasaluce (alcalde de Requena por el PP entre 2011 y 2015), Santiago Arévalo (alcalde de Enguera por el PP entre 1999 y 2015) y Óscar Martínez (alcalde de Enguera por el PSPV-PSOE entre 2015 y 2019), estos últimos por supuestas adjudicaciones ilícitas a empresas del primero.

El fiscal reclama para Mariano López una condena de 12 años de prisión; para Javier Berasaluce 5 años de prisión y 15 de inhabilitación; para Santiago Arévalo 6 de prisión y 15 de inhabilitación; para Óscar Martínez 6 de prisión y 15 de inhabilitación y para el funcionario de la Diputación 7 de prisión y 10 de inhabilitación.

Se trata de la pieza 'K' del caso Imelsa, que se deriva de la investigación abierta a Mariano López por la adjudicación a la firma Servimun de un servicio de atención telefónica en la Diputación de Valencia del que fue beneficiario (una causa cuya sentencia se ha conocido recientemente y en la que han quedado absueltos todos los acusados).

En su escrito de acusación, el fiscal sostiene que Servimun era una empresa oficialmente dirigida por Francisco Palomares pero gestionada en la sombra por su amigo y socio Mariano López, que "obtenía contratos públicos en perjuicio de la libre competencia y publicidad" que derivaban posteriormente en "una completa desviación de fondos públicos, al no realizarse los trabajos por los que había sido contratado".

Las defensas de los procesados han pedido a la sala que los investigados declaren al final del juicio, es decir, tras los testigos y peritos, y que se puedan ausentar en las vistas en las que no tengan que intervenir, circunstancias ambas que se han aceptado.

Posteriormente, han alegado -especialmente el letrado Manolo Mata, que defiende al exedil socialista Óscar Martínez- supuestas vulneraciones de la intimidad de los investigados, que se han utilizado herramientas tecnológicas de investigación prospectiva, que esta causa se debería haber visto en los juzgados de Requena y Xàtiva y que no se ha tenido acceso a la totalidad de la causa, motivos por los que ha pedido la nulidad de la misma o la devolución a la fase anterior de instrucción.

"Hay un correo electrónico de un arquitecto, que ha localizado mi defendido, en el que explica todo lo que se hizo en el camping El Teularet, y eso desmonta la acusación del fiscal de que nunca se hizo nada, es determinante para demostrar la inocencia de quienes se sientan en el banquillo", ha apuntado Mata.

Otros letrados de las defensas han apelado al último cambio del Código Penal para considerar prescrito el delito de malversación, pues en uno de los casos se trata de un abono de 3.595 euros, importe menor al límite legal que, por tanto, podría considerarse prescrito a los cinco años. A esta posición se ha opuesto el fiscal.

También han recordado la reciente absolución de dos de los procesados en esta causa que también lo estaban en la pieza D del caso Imelsa (Mariano López y el funcionario de la Diputación Ricardo de Ángel) para subrayar que "ya la Audiencia ha considerado que no hubo evidencias de amaños de contratos".

En el caso del Ayuntamiento de Requena, la acusación pública pone el foco en varias facturas abonadas a TLA, la primera por el "estudio de ordenanzas fiscales municipales y propuesta de modificación" por 14.520 euros -en dos pagos-, y la segunda por 59.518,45 euros con el objeto de "servicio de apoyo al funcionamiento del Ayuntamiento de Requena en su actividad inspectora al objeto de aflorar deuda oculta relacionada con los ingresos de derecho público relativos al ICIO e IAE".

El pago de estas facturas se hizo con el informe en contra de la interventora municipal y la mitad de los fondos cobrados por TLA fueron transmitidos a Servimun, según detalla el fiscal.

Del mismo modo, Mariano López logró la adjudicación de otro contrato en Enguera para el apoyo de la actividad inspectora del Consistorio por 60.000 euros.