La Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar ha recibido 120 ofertas por las seis viviendas del barrio que ha puesto en subasta el Ayuntamiento de València y que no podrán destinarse a uso turístico.

Así, se han recibido 29 ofertas por la vivienda de la calle de Escalante, 216; 25 por la de Francesc de Eiximenis, 13 bajo; 14 por la de la calle del Progrés, 99, bajo; 11 por la de la calle de Joan Mercader, 11; 18 por la de la calle de Sant Pere, 105 y 23 por la de la calle de Sant Pere, 109.

Seis de las ofertas presentadas han llegado por correo postal y, por lo tanto, la mesa para la apertura del sobre administrativo se convocará cuando todas las ofertas hayan llegado.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, se ha mostrado "muy satisfecho" en un comunicado por "el gran interés que están teniendo todas las subastas" convocadas y ha anunciado que harán nuevas convocatorias.

Estos inmuebles, que salen a subasta por medio de la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar (entidad constituida por el Ayuntamiento y la Generalitat), están ubicados en la calle de Sant Pere (números 105 y 109), en la calle de Escalante (número 216), en la calle de Francesc Eiximenis (número 13), calle del Progrés (número 99) y calle de Joan Mercader (número 38).

La superficie de las viviendas oscila entre los 67 y los 173 metros cuadrados y los precios de salida de la licitación se sitúan entre los 75.000 y los 215.000 euros.

Esta iniciativa pone a disposición pública viviendas y solares para uso residencial y bajos para uso comercial en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, según fuentes municipales.

El plazo máximo de presentación de ofertas finalizó el 4 de abril. Los criterios para adjudicar los inmuebles valoran aspectos como la situación social de la persona solicitante, dedicarlo a residencia habitual, ser menor de 35 años o ser o haber sido vecino o vecina del barrio.

Igualmente se tendrán en consideración criterios como ser mayor de 65 años, tener diversidad funcional o ser familia numerosa o monoparental, entre otros aspectos. Además, las viviendas no podrán dedicarse a usos turísticos.

El procedimiento administrativo finalizará a primeros de mayo. Las personas adjudicatarias tienen diez días para firmar el contrato de arras y tres meses para formalizar la compra.