Viviendas turísticas, ITV y Feria Valencia: así ha sido el primer año económico de la era "posbotànic"

Experta en turismo, por su cargo en la patronal hotelera Hosbec como secretaria general durante años, Nuria Montes aterrizó hace un año en la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, un Departamento mastodóntico, en el que se ha enfrentado a múltiples retos durante los últimos meses, muchos de ellos fruto de la gestión de sus predecesores del Botànic. El último de ellos, y que ha ocupado muchos titulares por ser un asunto que afecta a miles de valencianos, ha sido la regularización de la empresa Sitval, o lo que es lo mismo, la sociedad pública creada por el Botànic para la gestión de las estaciones de ITV.

El anterior Consell cerró la reversión de este servicio poco antes de perder las elecciones en mayo de 2023. No hubo tiempo para homogeneizar salarios, renovar contratos, ni siquiera para inscribir la nueva sociedad en el registro, con sus correspondientes cuentas. El asunto, sobre todo lo que concierne a la negociación salarial con los empleados, ha ocupado largas horas en la agenda y en la mente de la consellera.

El colapso en las estaciones, fruto principalmente de la falta de personal, urgió a la Conselleria a resolver el conflicto. Primero logrando la homogenerización de salarios entre los empleados de las estaciones de las tres provincias y, posteriormente, con un plan de choque que pasa por implemenar un nuevo sistema informático, un nuevo contrato de telefonía (que dobla el número de operadoras) y un refuerzo de 340 personas (250 temporales y 90 fijos, estos últimos aún están en trámite).

Otro de los grandes quebraderos de cabeza para Montes ha sido, sin duda, las viviendas turísticas. El sector crece de manera imparable en la región, hasta el punto de obligar a la Administración a adoptar una serie de medidas para su regularización, sobre todo en lo que afecta a los pisos turísticos. En este sentido, la Conselleria ultima una Ley de Viviendas Turísticas que, entre otras cuestiones, dará más autonomías a los ayuntamientos y obligará a sacar de nuevo la licencia turística a aquellas propiedades que se vendan, acabando con la especulación de estos inmuebles.

Feria Valencia, la institución centenaria que fue adquirida por el anterior Consell tras años de negociaciones entre PSPV y Compromís, es un gran activo para la Administración, pero también un problema a resolver, sobre todo por los números rojos que venía presentando durante los últimos años, casi décadas.

Por ello, una de las primeras decisiones que adoptó Montes tras acceder al cargo fue el encargo de un plan estratégico para este recinto, que ha permitido reducir un 40 por ciento las pérdidas, según explican desde la Conselleria. Una de las medidas que se han adoptado ha sido abrir la feria a nuevos modelos de negocio para captar más ingresos.

Bajo su responsabilidad se ha producido también uno de los hitos para el Gobierno de Carlos Mazón: la reducción de empresas públicas, no porque esta competencia recaiga en su Conselleria -el sector público corresponde a Hacienda- sino porque dos de las grandes empresas que se fusionaron primero su formaban parte de su Departamento.

Se trata de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y del Ivace, que se unieron hace unos meses para crear una nueva entidad: el Ivace+i, con el objetivo, no solo de reducir costes, sino también de simplificar los trámites administrativos.

Las energías renovables se enmarcan también en el paraguas de la Conselleria dirigida por Montes. El sector venía denunciando desde hacía meses la parálisis en la aprobación de los proyectos de renovables, fruto de los desacuerdos entre PSPV y Compromís durante la anterior legislatura. Por ello, la Conselleria ultima un Plan de Reindustrialización y una Ley de Renovables que desatasque los expedientes paralizados.

En materia de consumo, una de las decisiones más relevantes que se han adoptado durante este primer año de mandato ha sido el endurecimiento de las sanciones por incumplir los reglamentos de seguridad en juguetes y sectores productivos con multas de hasta un millón de euros.

Por último, el complejo cinematográfico alicantino de Ciudad de la Luz, paralizado durante años, ha retomado su actividad con siete producciones y superproducciones (como Venom 3) durante este primer ejercicio. El impacto económico de todas ellas en la región supera los 50 millones de euros, según fuentes de la Conselleria.