Les Corts crearán una comisión de investigación sobre el sector público valenciano

Al cambio de gobierno en una Administración le sigue inevitablemente un periodo de destape. Los nuevos gestores suelen encontrarse más de una sorpresa cuando comienzan a analizar la situación que han heredado. En este periodo, el sector público empresarial suele ser el más jugoso, pues la propia normativa le permite bordear la legalidad con mayor facilidad pese a los controles o advertencias que puedan realizar organismos como la Intervención o la Sindicatura de Cuentas.

Este martes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, expuso en una comparecencia ante los medios las conclusiones de un primer análisis sobre la herencia recibida en esta cuestión y los motivos por los que se va a encargar una auditoría "forensic".

Mientras estos estudios se desarrollan, los grupos parlamentarios PP y VOX han solicitado la creación de una Comisión de investigación sobre las irregularidadesdel sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023.

El síndic popular, Miguel Barrachina, ha señalado "los valencianos merecen conocer la verdad, que se frenen las prácticas irregulares y estudiar si se derivan responsabilidades de esta catastrófica gestión del sector público instrumental, con 50 de las 54 empresas públicas que presentan irregularidades". Ha recordado que el gastó en el sector público se incrementó un 47 por ciento. "Merecen saber por qué ocurría esto mientras se les aumentaban impuestos”.

Además, se ha referido a la documentación oficial del propio gobierno anterior se derivan actuaciones que evidencian que "esta forma de actuar se configuró como una práctica de Ximo Puig para que se pudiese contratar a dedo hasta 713 millones de euros en la última legislatura y contratar en un solo año

hasta 4.000 contratos sin informe de la dirección general presupuestaria, contratados de forma ajena al presupuesto. Todo parece indicar que las empresas públicas han sido un nido de enchufismo y amiguismo, y queremos aclararlo. También si se deriva alguna responsabilidad política. Más que responsabilizar a un empleado público de Ximo Puig, tendrían que preguntarle a Ximo Puig".

La composición de esta Comisión será la misma que la actual de las comisiones permanentes legislativas previstas en el reglamento. Esta comisión, una vez constituida, aprobará un calendario y plan de trabajo con una lista de comparecientes y solicitud de informes y documentación necesaria para que, en el plazo máximo de dieciocho meses, elabore un dictamen para que sea aprobado por Les Corts.

"No es comparable"

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha comparecido hoy en una rueda de prensa para denunciar que el Consell del Botànic se encontró en 2015 un entramado empresarial público que ejercía como "administración B" y se ha negado a aceptar la comparativa.

Por su parte, Compromís, ha propuesto que la investigación comience en 2015, "es muy cínico que quieran dejar fuera la etapa de mayor caos", ha dicho el síndic de la formación nacionalista Joan Baldoví.

Así, Compromís y PSPV han registrado sendas propuestas en Les Corts para que la comisión de investigación incluya la gestión de los gobiernos populares previos al cambio de Gobierno de 2015.

El PSPV propone que la investigación se remonte a 1995, cuando comenzó el Consell con Eduardo Zaplana al frente, mientras que Compromís solicita que se investigue empresa por empresa desde el año de su creación, incluyendo las ya extinguidas.